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Donald Guerrero denuncia violación al debido proceso
La monotonía del juicio preliminar del caso Calamar se rompió con las declaraciones del exministro Donald Guerrero, quien aseguró que al momento de presentar su defensa demostrará de forma irrefutable su inocencia. El exfuncionario, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una presunta coalición de funcionarios, advirtió que nunca le fue notificado un informe clave utilizado en su contra.
Guerrero explicó que dicho documento, elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría, fue usado durante más de cuatro años como base para diligencias procesales, sin que él tuviera conocimiento. Afirmó que esta situación representa una violación de derechos fundamentales, lo que según su defensa afectó su posibilidad de responder a tiempo.
Ante la jueza Altagracia Rodríguez, Guerrero sostuvo que solicitará la exclusión de esa prueba, ya que su uso viola los principios establecidos en la Ley 107-03. Además, expresó que su gestión como funcionario público se realizó con transparencia absoluta, y que así lo demostrará llegado el momento.
Lockward lanza grave acusación por intento de soborno
El abogado y también imputado Ángel Lockward tomó la palabra para reiterar su inocencia y denunciar un supuesto intento de extorsión por parte de tres abogados querellantes. Según reveló, estos le habrían propuesto pedirle a Donald Guerrero RD$50 millones a cambio de retirar la acusación en su contra.
Lockward explicó que los abogados Pablo Castillo, Martín Rubiera y José Javier Amado Bidó habrían acordado redactar un borrador de acuerdo para luego llevarlo a su oficina. Sin embargo, al visitarlo, Castillo le habría hecho la propuesta económica indebida, lo que desató una reacción violenta en pleno tribunal.
La denuncia provocó una reacción airada del abogado Pablo Castillo, quien se levantó de su asiento e interrumpió la audiencia, tildando de mentiroso a Lockward. La jueza tuvo que intervenir, pidiéndole varias veces que se sentara y guardara silencio, e incluso llegó a amenazarlo con arrestarlo si persistía en su conducta irrespetuosa.
Fuerte tensión y cuestionamientos a los querellantes
Lockward también cuestionó la calidad legal de los querellantes del llamado Clan Mota. Afirmó que la mayoría ha desistido de las acciones en su contra, y que uno de los pocos que queda, Humberto Mota, le firmó un poder para justipreciar una propiedad de más de dos millones de pesos que comparte con un cliente suyo, descendiente de Cristiano Mota.
El imputado insistió en que los querellantes no tienen legitimidad, y que nadie fue engañado como sugiere el Ministerio Público. Argumentó que tiene en su poder los títulos y documentos que prueban la legalidad de las gestiones relacionadas con las expropiaciones en disputa.
Por otro lado, el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Julián Omar Fernández Figuereo, también intervino para rechazar su inclusión en una nueva querella. Indicó que su gestión entre 2019 y 2020 no tuvo ninguna relación con expropiaciones, y pidió dejar constancia de ello en el acta oficial del tribunal.
Por: Noticonexion
