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Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump a reanudar la aplicación de las deportaciones aceleradas en todo el país, una medida migratoria que vuelve a encender el debate sobre el debido proceso, los derechos de los inmigrantes y el alcance de las políticas de control fronterizo.
La decisión judicial, adoptada en una votación de dos contra uno, permite extender un mecanismo que originalmente se aplicaba solo en zonas fronterizas, pero que ahora podrá utilizarse también en otras regiones del territorio estadounidense. El fallo ha sido interpretado por sectores políticos como una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca, aunque también ha generado fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles.
Fallo judicial abre la puerta a nuevas deportaciones exprés
El tribunal determinó que la ampliación del procedimiento no viola los derechos constitucionales de los inmigrantes, al considerar que la política del Gobierno no les niega una “oportunidad significativa de ser escuchados”, según la opinión mayoritaria.
La medida permite que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) y el Department of Homeland Security puedan aplicar el proceso de expulsión acelerada a personas detenidas que no puedan demostrar más de dos años de residencia en el país, sin audiencia ante un juez de inmigración.
Este procedimiento, que antes se limitaba a detenciones cercanas a la frontera sur, ahora podría aplicarse en zonas alejadas, lo que amplía significativamente el alcance de las deportaciones y eleva la preocupación entre comunidades migrantes.
ACLU advierte sobre un sistema “injusto y propenso a errores”
La organización American Civil Liberties Union, que representa a los demandantes, reaccionó al fallo asegurando que está evaluando los próximos pasos legales para intentar frenar la implementación de la política.
Uno de sus abogados principales, Anand Balakrishnan, advirtió que la estrategia impulsada por la administración Trump someterá a muchas personas a un sistema “injusto y propenso a errores”, señalando que el debido proceso podría verse seriamente comprometido.
La demanda fue impulsada inicialmente por la organización Make the Road New York, que argumentó que la orden migratoria vulnera principios constitucionales al permitir deportaciones sin una audiencia previa ante un juez.
División en el tribunal y debate sobre el debido proceso
El fallo también dejó en evidencia una fuerte división interna. El juez Justin R. Walker, nombrado por Donald Trump, redactó la opinión mayoritaria junto a la jueza Neomi Rao, mientras que el juez Robert L. Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, emitió un voto disidente.
Wilkins cuestionó que las autoridades migratorias no hayan refutado casos en los que personas con más de dos años en el país fueron deportadas bajo este esquema, lo que refuerza las dudas sobre la precisión del sistema.
Más allá del debate jurídico, el caso vuelve a poner en el centro la discusión sobre el equilibrio entre seguridad fronteriza y derechos fundamentales. Para críticos y defensores de derechos civiles, la expansión de las deportaciones aceleradas podría aumentar el riesgo de errores irreversibles en un sistema ya altamente saturado, mientras el Gobierno insiste en su necesidad como herramienta de control migratorio.
Por: Noticonexion/efe/afp
