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El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de presuntamente maltratar física y psicológicamente a un grupo de niños, niñas y adolescentes que mantenían bajo su cuidado en un inmueble que funcionaba como la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
La solicitud fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal, que fijó el conocimiento de la medida de coerción para este jueves 3 de septiembre.
La petición fue formulada por la procuradora Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a las fiscales Ramona Santana y Fanny M. Garabitos Guerrero.
La denuncia de un menor destapó el caso
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos salieron a la luz luego de que uno de los menores que se encontraba en el lugar lograra escapar y se presentara ante un destacamento policial para denunciar las condiciones en las que, presuntamente, vivían los niños bajo el cuidado de los imputados.
Esta alerta activó una investigación que culminó durante la madrugada del 29 al 30 de agosto, cuando las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
En el operativo participaron la Fiscalía de San Cristóbal y la PETT, con el apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (UITIMC), así como organismos dedicados a la protección de la niñez y la adolescencia, entre ellos el Conani.
Como resultado de la intervención fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años, quienes, según las autoridades, presentaban signos visibles de maltrato.
El caso ha generado preocupación por las condiciones en las que presuntamente permanecían los menores y vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de una supervisión rigurosa de los lugares que reciben y mantienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando operan fuera de los mecanismos oficiales de regulación y protección.
Evaluaciones revelan presuntas agresiones y explotación
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, la evaluación médico-legal realizada al menor que denunció los hechos determinó la presencia de múltiples lesiones en la piel, extremidades, espalda y rostro.
Además, el informe señala que el niño presentaba quemaduras de segundo grado en ambas manos, las cuales aún se encontraban en proceso de cicatrización.
Una evaluación psicológica forense estableció, asimismo, que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente era obligado a realizar trabajos relacionados con la construcción con madera, además de sufrir de forma constante maltratos físicos y castigos.
De confirmarse las acusaciones presentadas por las autoridades, el caso evidenciaría una situación especialmente grave por tratarse de menores de edad que, en lugar de recibir protección y atención adecuada, habrían sido sometidos a condiciones contrarias a su bienestar y desarrollo. La investigación deberá determinar con precisión el alcance de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Segundo acusado fue arrestado y fundación operaba sin autorización
De acuerdo con la investigación, luego de enterarse de la detención de Capellán, Muñoz Rodríguez presuntamente trasladó a varios de los menores hacia otra vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares.
Las autoridades establecieron que el desplazamiento se realizó en un vehículo Toyota Corolla CE, color beige, del año 1994, con placa A272601. Posteriormente, el imputado fue localizado y arrestado en las cercanías de esa propiedad.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron pertenencias de los menores, incluyendo ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes y reconocimientos escolares. También fueron ocupadas actas de nacimiento, documentos personales de terceros ajenos al lugar y armas blancas, según informó el Ministerio Público.
Asimismo, la institución señaló que la Fundación Restaurando Vida no contaba con la autorización de las autoridades competentes para operar como un hogar de acogida para menores de edad, por lo que su funcionamiento y la recepción de fondos o donativos se realizaban, según la acusación, al margen de la regulación correspondiente.
Mientras se conoce la solicitud de medida de coerción, el proceso judicial deberá continuar estableciendo las circunstancias en las que fueron encontrados los 13 menores y las responsabilidades individuales de los imputados. El caso representa, además, una llamada de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y garantizar que toda institución dedicada al cuidado de niños y adolescentes cumpla estrictamente con las normas establecidas para proteger sus derechos.
Etiquetas: Ministerio Público, prisión preventiva, Ángel Gabriel Capellán, el Pastor, Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, maltrato infantil, niños rescatados, Fundación Restaurando Vida, Bajos de Haina, San Cristóbal, Conani, PETT, trata de personas, derechos de la niñez, medida de coerción
Por: Noticonexion
