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Gobierno ordena extradición de dominicano acusado de narcotráfico y lavado de activos
El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante el decreto núm. 48-26 la extradición a los Estados Unidos del dominicano Pedro José Espinal Arthur, requerido por la justicia estadounidense por cargos vinculados al narcotráfico y lavado de activos. La decisión se enmarca en los compromisos internacionales del país en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La medida responde a una solicitud formal de extradición presentada por la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, a través de la Nota Diplomática núm. 2025-0406, de fecha 27 de mayo de 2025, lo que refuerza la cooperación judicial entre ambos países en casos de alta complejidad penal.
Cargos formulados por la justicia de Estados Unidos
La solicitud de extradición está relacionada con una acusación criminal depositada el 31 de enero de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, identificada como Criminal núm. 24-025 (PAD), también referida como Caso núm. 3:24-cr-00025-PAD.
Entre los cargos imputados figuran asociación delictuosa para cometer lavado de activos, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, así como asociación para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y complicidad en la posesión con intención de distribución de dicha sustancia, tipificados en el título 21 del Código estadounidense. Estas imputaciones colocan el caso dentro de los delitos considerados de mayor gravedad por la legislación federal norteamericana.
Proceso judicial y ejecución del decreto presidencial
El proceso de extradición fue conocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, luego de una solicitud presentada por la Procuraduría General de la República el 1 de julio de 2025. Durante la audiencia pública presencial del 15 de enero de 2026, el imputado aceptó voluntariamente la extradición simplificada, consintiendo su entrega a las autoridades estadounidenses.
Esta aceptación se realizó conforme a lo establecido en el Tratado de Extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos, aprobado mediante la Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016, lo que permitió agilizar el procedimiento judicial.
El decreto presidencial ordena además su remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración, para su conocimiento y ejecución, en cumplimiento de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana.
Por: Noticonexion
