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Un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Joan Manuel Jiménez Medina, alias Ángel, acusado de cometer una estafa relacionada con la venta de un teléfono celular que terminó en un hecho violento y provocó la muerte de Enmanuel Contreras Medina, en el sector Los Praditos, de Santo Domingo.
La medida de coerción fue dispuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Yesenia Hernández, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional. En tanto, la procuradora fiscal Julia Laury Vásquez, del Departamento de Litigación Inicial, representó al Ministerio Público durante la audiencia, presidida por el juez Emmanuel López.
El tribunal fijó la revisión obligatoria de la medida para el 19 de enero de 2027.
El caso ha generado atención por la secuencia de acontecimientos que vincula una presunta estafa mediante una transferencia bancaria con una confrontación física que terminó siendo mortal. Los hechos también ponen de relieve los riesgos de realizar transacciones entre particulares sin verificar adecuadamente la identidad del vendedor y la titularidad de los artículos ofrecidos.
La presunta estafa se originó en la venta de un iPhone 15 Pro Max
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, a principios de julio de 2026, Joan Manuel Jiménez Medina presuntamente se hizo pasar por el legítimo propietario de un teléfono iPhone 15 Pro Max de 256 GB para engañar a Enmanuel Contreras Medina y recibir de este RD$15,000 mediante una transferencia bancaria.
El expediente establece que Lenin Jhericop Núñez de León había publicado en Facebook Marketplace un anuncio para vender el dispositivo por RD$35,000. Jiménez Medina habría contactado inicialmente a Núñez de León y, posteriormente, ofrecido el mismo teléfono a Contreras Medina por un precio inferior, presentándose como su propietario.
Según la acusación, después de recibir el dinero de la víctima, Jiménez Medina se comunicó con Núñez de León para informarle que Contreras Medina acudiría personalmente a retirar el equipo y realizar el pago correspondiente.
Sin embargo, de acuerdo con la versión recogida en el expediente, Contreras Medina entendía que ya había pagado por el teléfono mediante la transferencia bancaria realizada a Jiménez Medina, mientras que Núñez de León esperaba recibir el dinero directamente de quien acudiera a buscar el dispositivo.
Esta diferencia de expectativas habría desencadenado el enfrentamiento que posteriormente terminó en tragedia.
El caso evidencia la importancia de verificar la identidad de los vendedores y confirmar las condiciones de una transacción antes de transferir dinero o acudir a un encuentro para retirar un artículo. En las ventas por internet, la utilización de información falsa y la suplantación de identidad pueden convertir una operación aparentemente sencilla en un problema con consecuencias económicas y personales graves.
El encuentro en Los Praditos terminó en una agresión mortal
El Ministerio Público señala que el 1 de julio de 2026, Núñez de León y Contreras Medina acordaron reunirse en el estadio de béisbol La Javilla, ubicado en el sector Los Praditos, para concretar la entrega del teléfono celular.
Según el expediente, cuando Núñez de León reclamó el dinero por el dispositivo, Contreras Medina salió corriendo. La investigación sostiene que Núñez de León lo persiguió con un bate mientras gritaba que era un ladrón y que, al alcanzarlo, lo golpeó en la espalda y la cabeza.
Las lesiones sufridas fueron de gravedad. Contreras Medina fue trasladado a un centro médico de la capital, donde permaneció en estado de coma y recibió atención médica en cuidados intensivos.
Pese a los esfuerzos del personal sanitario, Enmanuel Contreras Medina falleció el 9 de septiembre de 2026, como consecuencia de los golpes recibidos, según la información contenida en el expediente.
La muerte convirtió el caso en una investigación penal que involucra tanto la presunta estafa inicial como la agresión física que provocó el desenlace fatal. Aunque ambos hechos están relacionados, las responsabilidades penales deben establecerse de manera individual, atendiendo a la participación atribuida a cada imputado y a las pruebas presentadas ante los tribunales.
La gravedad del desenlace también pone de manifiesto que los conflictos relacionados con dinero o transacciones comerciales no deben resolverse mediante la violencia, sino a través de las autoridades competentes.
Los dos imputados enfrentan procesos judiciales por hechos diferentes
Joan Manuel Jiménez Medina, quien según las autoridades permanecía prófugo, fue arrestado el 12 de octubre de 2026 y es procesado por presunta violación del artículo 405 del Código Penal dominicano, relativo a la estafa, y del artículo 12 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La prisión preventiva impuesta constituye una medida de coerción dentro del proceso penal y no una sentencia definitiva de culpabilidad. La responsabilidad del acusado deberá determinarse conforme a las pruebas y las garantías establecidas por la legislación dominicana.
Por su parte, Lenin Jhericop Núñez de León enfrenta un proceso separado por su presunta responsabilidad en la muerte de Contreras Medina. Según la información del expediente, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, desde el 16 de septiembre de 2026, imputado de homicidio voluntario.
La investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes en cada etapa de los acontecimientos, desde la presunta maniobra fraudulenta relacionada con el teléfono hasta la agresión que provocó la muerte de la víctima.
El caso plantea una reflexión sobre las consecuencias que pueden derivarse de los fraudes en las plataformas digitales y de las reacciones violentas ante situaciones conflictivas. La prevención de las estafas requiere mayor precaución en las transacciones electrónicas, mientras que la respuesta ante cualquier engaño debe mantenerse dentro de los mecanismos legales.
Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales individuales, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
Por: Noticonexion
