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El Congreso Nacional convirtió en ley, el pasado 12 de enero, el proyecto que ordena al Poder Ejecutivo saldar una deuda económica a ingenieros y empresas que ejecutaron obras públicas sin la formalización de un contrato. La aprobación se produjo en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, que advirtió sobre la falta de información clave en la pieza legislativa.
Con el voto en contra de las bancadas opositoras, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) declararon de urgencia el conocimiento del proyecto, lo que permitió aprobarlo en dos lecturas consecutivas, acelerando un proceso que, para algunos legisladores, debió manejarse con mayor nivel de transparencia.
Ley queda en manos del Poder Ejecutivo
Tras su aprobación en ambas cámaras, el Congreso debe remitir la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, ya que el proyecto había sido previamente conocido por el Senado de la República. Una vez recibido el documento, el presidente Luis Abinader dispone de un plazo único de cinco días para tomar una decisión.
El procedimiento está contemplado en el artículo 101 de la Constitución, el cual establece que cuando una ley es aprobada bajo declaratoria de urgencia, el Ejecutivo solo cuenta con ese periodo para presentar observaciones. De no hacerlo, la normativa quedaría automáticamente promulgada, y la última cámara que la aprobó estaría obligada a publicarla.
Este escenario coloca a la iniciativa en una fase decisiva, ya que, si el Gobierno no introduce cambios, la ley entraría en vigencia con el mismo contenido aprobado por la Cámara de Diputados, que la envió al Ejecutivo el pasado 13 de enero.
Una deuda sin monto definido
Uno de los aspectos más controversiales de la ley es que no establece el monto total que deberá pagar el Ministerio de Hacienda y Economía a los ingenieros y empresas beneficiadas. La pieza fue sometida por el senador Franklin Romero y cuenta con el respaldo del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que ha insistido en la necesidad de saldar compromisos acumulados por obras y remozamientos ejecutados sin contrato formal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que el listado de deudas incluye pagos pendientes desde 1990 hasta la fecha, lo que evidencia la magnitud del problema, pero también alimenta las dudas sobre el impacto fiscal que podría tener la aplicación de la ley.
Razones del rechazo opositor
Las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) justificaron su rechazo señalando la falta de detalles esenciales, como el valor de las obras y las fechas de ejecución.
“El proyecto tiene una falencia muy importante: no tiene monto ni fecha de ejecución de las obras”, expresó el vocero de la FP, Rafael Castillo, durante el debate legislativo. Aunque los opositores aclararon que no se oponen al pago justo por trabajos realizados, advirtieron que la ley podría abrir la puerta a beneficios discrecionales para empresarios con vínculos políticos.
La preocupación central, según expusieron, es que sin cifras claras ni descripciones específicas, la normativa podría convertirse en un cheque en blanco, debilitando los principios de transparencia y control del gasto público, en un contexto donde la rendición de cuentas sigue siendo una demanda constante de la ciudadanía.
Por: Noticonexion
