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Un tribunal de Ecuador ordenó este jueves 3 de septiembre de 2026 la detención del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997), quien permanece hospitalizado tras una operación, para garantizar su comparecencia a la audiencia en la que se conocerá la sentencia de un proceso por presunta delincuencia organizada.
Bucaram está acusado en este caso junto a su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas. Sin embargo, la detención no será ejecutada de manera inmediata debido a que el exmandatario permanece en un área de cuidados intensivos.
Los jueces adoptaron la decisión después de que, por sexta ocasión, no fuera posible reinstalar la audiencia de juicio. Según sus abogados, Bucaram todavía no se ha recuperado de una operación a la que fue sometido el pasado 25 de agosto.
El tribunal ordenó a la Policía Nacional mantener una “vigilancia permanente” sobre el expresidente para garantizar que, una vez reciba el alta médica, pueda acudir a escuchar la sentencia.
La decisión refleja la tensión existente entre el proceso judicial y el estado de salud del exmandatario. El caso ha sufrido varios aplazamientos relacionados con sus condiciones médicas, lo que ha obligado a los jueces a buscar un equilibrio entre garantizar su atención sanitaria y evitar que el proceso continúe retrasándose indefinidamente.
La salud de Bucaram ha provocado varios aplazamientos
Esta es la tercera ocasión en que la audiencia se declara fallida por circunstancias relacionadas con la salud del expresidente.
El primer episodio ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando sus abogados y familiares informaron que Bucaram había sido ingresado de emergencia en un hospital para someterse a una operación del corazón.
Días después salió del centro médico, pero volvió a ser hospitalizado el pasado lunes, precisamente cuando estaba prevista la instalación de la audiencia. La diligencia fue aplazada para este jueves y nuevamente los abogados comunicaron que el exmandatario se encontraba ingresado en otro centro médico.
La Policía acudió durante la tarde al nuevo hospital, ubicado en el norte de Guayaquil, donde los médicos confirmaron que Bucaram permanecía internado. Los agentes, sin embargo, no pudieron verlo debido a que se encontraba en cuidados intensivos.
El tribunal también dispuso que el Ministerio de Salud realice una auditoría de los informes emitidos por los diferentes hospitales donde ha sido atendido el exmandatario.
La medida busca determinar si los reportes médicos se ajustan a la realidad clínica de Bucaram y, de ser necesario, establecer si corresponde iniciar investigaciones contra alguno de los centros médicos por una eventual obstrucción a la justicia.
Fiscalía acusa a Bucaram por comercialización de pruebas de covid-19
La Fiscalía ecuatoriana acusa a Abdalá Bucaram, su hijo y otras dos personas de haber colaborado, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que habría obtenido beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
De acuerdo con las investigaciones, dos ciudadanos israelíes habrían participado en el traslado de las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la vivienda del exmandatario. Uno de ellos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, considerada una de las cárceles más peligrosas y pobladas de Ecuador.
La Fiscalía sostiene además que Bucaram habría almacenado otros insumos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas para la toma de muestras.
En total, 50 personas, entre peritos y testigos, han declarado durante el juicio, que comenzó el 11 de abril del año pasado después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El proceso judicial contra Bucaram vuelve así a quedar marcado por las dificultades para instalar las audiencias. Mientras el tribunal busca garantizar que el acusado pueda ejercer sus derechos procesales, también intenta evitar nuevos retrasos en un expediente que lleva varios años en los tribunales.
Por ahora, la prioridad inmediata será la evolución de su estado de salud. Una vez que abandone el hospital, la orden judicial establece que deberá quedar bajo custodia policial para comparecer ante el tribunal y conocer la sentencia correspondiente al proceso por presunta delincuencia organizada.
Por: Noticonexion/efe/afp
