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El despliegue de maquinarias pesadas y brigadas del Ministerio de Obras Públicas anuncia una intervención que durante años fue reclamada por residentes y conductores: la reparación del puente Gregorio Luperón, conocido popularmente como puente de La Barquita, una de las infraestructuras viales que conecta importantes sectores de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
La estructura, ubicada sobre el río Ozama, entre Los Mina y Sabana Perdida, presentaba múltiples señales de deterioro que hacían necesaria una intervención para garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vía.
Inaugurado en 1978, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, el puente ha sido durante décadas una conexión fundamental para miles de personas. Sin embargo, los trabajos de reparación han dejado al descubierto otra realidad que va más allá de la ingeniería: las condiciones de vida de las familias que levantaron sus viviendas y negocios debajo de la estructura.
La intervención ha implicado el desalojo y la demolición de decenas de viviendas y establecimientos comerciales, donde durante años residieron y trabajaron numerosas familias. Hoy, en algunos espacios, solo quedan escombros y polvo de lo que anteriormente fueron hogares y pequeños negocios.
Mientras algunos afectados se han marchado tras recibir compensaciones económicas para su reubicación, otros aseguran que los montos ofrecidos no se corresponden con el valor de sus propiedades y que deberán comenzar nuevamente en otros lugares. También hay residentes que permanecen a la espera de una indemnización.
Familias desalojadas: décadas de historia y negocios que desaparecen
Para Manuel Sánchez, propietario del colmado El Maná, abandonar el sector significa mucho más que trasladar un establecimiento comercial. Durante 46 años ha vivido en la comunidad, donde formó su familia y construyó el sustento de su hogar.
«Aquí nacieron mis hijos, mis nietos. Aquí me crié yo», expresó con nostalgia mientras recogía los productos y las latas de su negocio, establecido hace varias décadas en la calle Fernández Navarrete, en Los Mina.
El comerciante explicó que la salida de numerosos comunitarios ha afectado el movimiento económico de la zona, debido a que muchos de sus antiguos clientes ya no residen en el lugar.
Aunque la demolición de su establecimiento está prevista para los próximos meses, Sánchez contempla trasladarse a otro espacio para continuar con su actividad comercial.
«En la vida real, cuando yo hice esta estructura, nunca pensé que iba a desbaratarla», manifestó con desánimo.
No obstante, aseguró estar conforme con la compensación económica que le ofrecieron, aunque no especificó la cantidad recibida.
«Están pagando bien. Estoy conforme, por lo menos yo. Y a todos mis vecinos que estaban ahí le pagaron su dinero», afirmó, al explicar que esperaba recibir el monto correspondiente 15 días después de cerrar el acuerdo.
La experiencia es diferente para otro residente que prefirió mantener su nombre en el anonimato. Con más de cuatro décadas viviendo en la comunidad, manifestó su preocupación por tener que abandonar un entorno donde ha desarrollado prácticamente toda su vida.
«Nosotros tenemos cuarenta años ahí. Ya tú con cuarenta años en un sitio, que te manden para donde tú no sabes… 40 años en un barrio, donde tú ya no vas a saber para dónde vas a coger. Uno no se siente bien», expresó.
El comunitario también cuestionó los criterios utilizados para calcular las indemnizaciones, alegando que se toma en consideración el valor de los materiales de construcción, pero no el terreno donde se encuentran las viviendas.
Estas experiencias reflejan una dimensión social que debe acompañar cualquier proyecto de infraestructura: reparar una carretera o un puente puede ser necesario, pero también resulta fundamental garantizar que las familias afectadas reciban un trato justo y tengan posibilidades reales de reconstruir sus vidas.
Las quejas de los afectados por las indemnizaciones y las demoliciones
Otra de las residentes afectadas es Pura Martínez, quien lleva más de 30 años viviendo en el sector. Su vivienda de dos niveles, que comparte con una hija, todavía permanece en pie, aunque figura entre las estructuras contempladas para la demolición.
Martínez cuestionó la compensación económica ofrecida por el Gobierno, debido a que considera que con ese dinero difícilmente podrá adquirir o construir una propiedad con características similares a la que actualmente ocupa.
Según indicó, el monto rondaría un millón y medio de pesos, pero aseguró que todavía no había sido contactada para recibir la indemnización.
A la preocupación económica se suma el impacto provocado por las demoliciones cercanas. La residente denunció que el polvo generado por los trabajos penetra en su vivienda y afecta las condiciones de salud de ella y sus familiares.
«Uno cerraba la puerta y no valía, porque el polvo como quiera entraba», protestó Martínez.
Mientras avanzan las labores de mantenimiento, los residentes enfrentan incertidumbre sobre su futuro, especialmente aquellos que todavía esperan una respuesta definitiva sobre las compensaciones y el momento en que deberán abandonar sus propiedades.
El caso pone de manifiesto la importancia de que las autoridades mantengan canales de comunicación con las familias, expliquen los criterios de valoración de los inmuebles y garanticen que los procesos de reubicación se desarrollen con transparencia.
La recuperación de una infraestructura pública no debería medirse únicamente por la calidad de la obra terminada, sino también por la manera en que se atienden las necesidades de las personas que deben abandonar sus hogares para hacerla posible.
Restringen el tránsito por los trabajos y recuerdan el origen de La Barquita
Como consecuencia de los trabajos de intervención del puente La Barquita, las autoridades establecieron restricciones temporales a la circulación vehicular para facilitar las labores de mantenimiento y reducir los riesgos durante la ejecución de la obra.
De acuerdo con el esquema anunciado, para los vehículos livianos el tránsito estará cerrado de lunes a viernes, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada.
Durante los fines de semana se aplicará una restricción diferente: desde el sábado a la 1:00 de la tarde hasta el lunes a las 5:00 de la madrugada, solamente estará permitida la circulación de motocicletas y peatones.
El Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), estableció rutas alternas para facilitar los desplazamientos mientras continúan las labores.
Entre las orientaciones ofrecidas figura que los conductores que se desplacen desde Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional pueden utilizar la avenida Charles de Gaulle, continuar por la carretera Mella y enlazar con la avenida San Vicente de Paúl.
Las autoridades exhortan a los conductores a prestar atención a las señalizaciones, planificar sus recorridos y respetar las restricciones establecidas para evitar congestionamientos y situaciones de peligro.
¿Por qué se llama La Barquita?
El nombre popular de esta comunidad y del puente tiene su origen en una pequeña embarcación de madera que se utilizaba antiguamente para cruzar el río Ozama, conectando Los Mina con Sabana Perdida.
Se trataba de una especie de plataforma flotante que permitía transportar personas, animales, motocicletas, alimentos, ajuares y diferentes mercancías entre ambas orillas.
Esta modalidad de transporte se mantuvo hasta 1978, cuando durante el gobierno de Joaquín Balaguer fue concluida la construcción del puente Gregorio Luperón, que sustituyó aquella forma tradicional de cruzar el río.
Desde entonces, la estructura se convirtió en una conexión importante para las comunidades de la zona y en parte de la historia urbana de Santo Domingo.
La actual reparación representa una nueva etapa para esta infraestructura, pero también deja una interrogante social: ¿cómo garantizar que el progreso de las obras públicas no se traduzca en mayores dificultades para quienes durante décadas construyeron sus hogares y sus medios de vida en estos espacios?
El verdadero desafío será lograr que la modernización vial avance junto con soluciones dignas para las familias desplazadas, porque detrás de cada vivienda demolida también existe una historia, un esfuerzo y una comunidad que merece ser tomada en cuenta.
Por: Noticonexion
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