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El juicio contra Meta, empresa propietaria de Instagram y Facebook, comenzó este martes en un tribunal federal de Oakland, California, donde una coalición de estados acusa al gigante tecnológico de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para fomentar la adicción entre adolescentes.
La Fiscalía sostiene que Meta utilizó tecnología y características de sus redes sociales para mantener a los menores conectados durante el mayor tiempo posible, aun cuando la compañía supuestamente conocía los riesgos que determinadas dinámicas podían representar para este grupo.
La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, presentó durante los argumentos iniciales una dura descripción del modelo de negocio de la empresa. Según su planteamiento, Meta busca captar usuarios, mantenerlos conectados, recopilar sus datos y minimizar públicamente los riesgos asociados al uso de sus plataformas.
La acusación compara el caso con los procesos que enfrentaron las empresas tabacaleras hace décadas, aunque serán los tribunales los que deberán determinar si las pruebas presentadas permiten establecer responsabilidades.
La coalición de estados reclama hasta 200.000 millones de dólares en multas, una cifra que convierte el proceso en uno de los mayores desafíos legales que ha enfrentado la compañía en relación con la seguridad de los menores.
El caso también plantea una pregunta de fondo que va más allá de Meta: ¿hasta qué punto las plataformas digitales deben responder cuando las herramientas diseñadas para aumentar la interacción pueden afectar especialmente a usuarios adolescentes?
Exdirectivo de Meta cuestiona las prioridades de seguridad
Uno de los testimonios que podría tener mayor peso en el juicio corresponde al exdirector de ingeniería de Meta Arturo Bejar, quien declaró sobre las prioridades que existían durante los primeros años de Facebook.
Bejar sostuvo que entonces el objetivo era conseguir que los contenidos llegaran a los usuarios lo más rápidamente posible y afirmó que, en ese contexto, la seguridad quedaba en segundo plano en muchas ocasiones.
Su testimonio adquiere relevancia porque procede de un antiguo miembro de la estructura técnica de la compañía y puede contribuir a la discusión sobre cómo fueron diseñadas algunas de las funciones de las plataformas.
Antes del comienzo del juicio, Meta intentó impedir que Bejar declarara, pero el juez rechazó esa solicitud y permitió su participación como testigo.
La acusación sostiene que la empresa conocía los posibles efectos negativos que Facebook e Instagram podían generar en algunos usuarios jóvenes. Desde esa perspectiva, el problema no sería simplemente que existieran riesgos, sino que la compañía habría utilizado determinados mecanismos de diseño para aumentar la permanencia de los menores en sus plataformas.
Meta rechaza las acusaciones y defiende sus medidas de protección
Meta niega las acusaciones y sostiene que durante los últimos años ha trabajado con padres, expertos y autoridades para desarrollar herramientas destinadas a proteger a niños y adolescentes.
La defensa reconoce que algunas personas pueden experimentar dificultades relacionadas con el uso de las redes sociales, pero rechaza que la compañía haya diseñado sus productos con el propósito de perjudicar a los menores.
El abogado Paul Schmidt afirmó que Meta ha reconocido que determinadas personas pueden tener problemas con el uso de las redes sociales y que la empresa ha intentado desarrollar herramientas para ayudarlas.
El enfrentamiento judicial, por tanto, se centra en una cuestión fundamental: si las medidas de protección implementadas por Meta son suficientes o si, como sostienen los estados demandantes, la propia arquitectura de sus plataformas incentiva comportamientos potencialmente perjudiciales.
El juicio podría convertirse en un precedente importante para la industria tecnológica, especialmente en un momento en que gobiernos y autoridades de distintos países examinan con mayor atención el impacto de las redes sociales sobre los menores.
Más allá de la enorme cantidad de dinero que está en juego, el proceso enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, la Fiscalía sostiene que Meta habría priorizado la participación y el crecimiento de sus plataformas por encima de la protección de los adolescentes. Por otro, la empresa asegura que reconoce los riesgos y que ha desarrollado mecanismos para reducirlos.
Ahora corresponderá al tribunal analizar las pruebas y testimonios para determinar si las acusaciones contra Meta quedan demostradas.
Por: Noticonexion
