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Barrick Pueblo Viejo ya ha utilizado un tercio de la Reserva Fiscal Montenegro de oro y plata
A 14 años del inicio de sus operaciones mineras y comerciales, Barrick Pueblo Viejo ha utilizado cerca de un tercio de la Reserva Fiscal Montenegro, un territorio de aproximadamente 4,880 hectáreas mineras ubicado en la provincia Sánchez Ramírez. Durante este período, la empresa asegura haber recuperado US$1,400 millones de una inversión inicial de US$3,700 millones.
Actualmente, la operación extrae en promedio 600,000 onzas de oro y dos millones de onzas de plata al año. La compañía, además, se encuentra en un proceso de expansión que busca prolongar la explotación más allá de 2045, proyecto que contempla una inversión de US$2,641 millones.
Aunque Barrick destaca que Pueblo Viejo es un activo minero de clase mundial, la empresa aclara que todavía no contempla utilizar la totalidad del territorio que comprende la reserva. Este punto resulta especialmente relevante en un contexto donde el futuro de la minería dominicana genera cada vez más debate entre desarrollo económico, protección ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales.
Barrick destaca los aportes económicos de Pueblo Viejo
Al referirse a los aportes de la operación minera al Estado dominicano, Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, informó que en lo que va de año la compañía ha pagado aproximadamente US$440 millones en impuestos.
La ejecutiva proyectó que el comportamiento tributario de 2026 podría alcanzar niveles récord, similares a los registrados en 2025, cuando la empresa tributó alrededor de US$650 millones.
Valera también resaltó que las exportaciones relacionadas con la operación alcanzan los US$1,700 millones, al señalar que el oro constituye actualmente uno de los principales rubros de las exportaciones dominicanas.
“Estamos en un momento clave para nosotros con esta expansión porque seguimos apostando a la República Dominicana”, expresó durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
La presidenta de Barrick estuvo acompañada por Isaac Luciano, gerente general; Carlos Severino, superintendente de Impuestos; Eli Bobadilla, gerente interino de Medioambiente; Wellington Otáñez, de Relaciones Comunitarias, y Vanessa Reynoso, de Comunicaciones.
En relación con la expansión, Luciano explicó que las condiciones del mercado deben mantenerse favorables para garantizar la viabilidad del negocio y permitir que la empresa continúe generando beneficios para las comunidades y la economía nacional. Como parte de sus operaciones, indicó que cada año Pueblo Viejo adquiere cerca de US$700 millones en bienes y servicios.
Desde la enmienda del contrato en 2013, mediante la cual se buscó aumentar los beneficios para el Estado, se han aportado aproximadamente US$1,600 millones adicionales. En total, de acuerdo con Severino, los impuestos directos e indirectos vinculados a la operación ascienden a US$4,600 millones.
Controles ambientales y plan para el cierre de la mina
Uno de los principales puntos de discusión alrededor de la minería es el impacto ambiental. Sobre este aspecto, Bobadilla aseguró que Pueblo Viejo cuenta con un modelo de manejo sostenible del agua, mediante el cual se neutralizan los niveles de acidez y se canalizan las aguas hacia un único punto de descarga en el río Margajita.
Según la empresa, actualmente ese afluente no presenta contaminación atribuible a la operación. Valera agregó que se han realizado 58 monitoreos ambientales participativos, con la participación de unas 3,000 personas, quienes han podido conocer y verificar distintos aspectos de las operaciones mineras.
En cuanto al cierre de la mina, Bobadilla afirmó que el plan correspondiente fue elaborado antes de procesar la primera tonelada de material. La compañía también trabaja con empresas comunitarias contratadas para labores relacionadas con la recuperación de la capa vegetal.
Valera explicó además que la minera mantiene fondos destinados al cierre definitivo de la operación en una cuenta bancaria en Estados Unidos, bajo mecanismos en los que el Estado dominicano participa en el control y fiscalización.
“Pueblo Viejo empezó siendo una operación ambiental antes que ser una operación minera porque nos comprometimos a recuperar ese pasivo ambiental que encontramos antes de operar”, afirmó Valera.
Más allá de las cifras de producción y de los ingresos fiscales, este aspecto será determinante para evaluar el verdadero balance de la explotación minera. La cantidad de oro extraído puede medirse en onzas y dólares, pero el impacto ambiental debe medirse también en la capacidad de recuperar el territorio cuando termine la explotación.
Licencia social, minería y el desafío de la sostenibilidad
Respecto a las protestas y cuestionamientos que han surgido alrededor de nuevos proyectos mineros, Valera reconoció que la licencia social constituye uno de los elementos más importantes para cualquier empresa del sector.
La ejecutiva sostuvo que la minería es necesaria para la economía moderna, pero insistió en que debe desarrollarse bajo controles ambientales y estándares de sostenibilidad que permitan a las comunidades sentirse seguras con las operaciones.
Luciano, por su parte, planteó que la diversificación de los sectores productivos es fundamental para fortalecer la economía y hacer al país más resistente frente a situaciones externas. Como ejemplo, citó el comportamiento de la minería durante la pandemia de COVID-19, cuando el sector mantuvo su actividad.
Valera destacó que el sector minero creció un 18 % durante este año, según las cifras mencionadas durante el encuentro.
“El debate no es si debiera o no haber minería, el mundo moderno no pudiese existir sin la minería, la gran pregunta es cómo se ejerce y realmente la población debería exigir que la minería que se haga sea una minería sostenible, responsable y en cumplimiento de cada uno de los parámetros nacionales e internacionales”, manifestó.
El futuro de Pueblo Viejo estará marcado precisamente por ese equilibrio: aprovechar uno de los principales activos minerales del país, generar ingresos para el Estado y las comunidades, y al mismo tiempo garantizar que la expansión prevista no se convierta en una carga ambiental para las próximas generaciones. Con la empresa proyectando operaciones más allá de 2045, el debate sobre cuánto extraer, cómo hacerlo y qué legado dejará la minería en Sánchez Ramírez apenas comienza.
Por: Noticonexion
