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Las megatiendas chinas dejaron de ser un fenómeno concentrado en la avenida Duarte o en el Gran Santo Domingo. En los últimos años han ampliado su presencia hacia ciudades intermedias y municipios de distintas regiones del país, ocupando grandes locales y ofreciendo una enorme variedad de productos a precios competitivos.
Estos establecimientos venden desde artículos para el hogar hasta muebles, herramientas, decoración y mercancías que también son adquiridas por pequeños comerciantes para su posterior reventa. Su expansión ha transformado el panorama comercial y obligado a los negocios tradicionales a competir en un mercado cada vez más exigente.
Sin embargo, existe una pregunta que todavía no tiene una respuesta oficial completa: ¿cuántas megatiendas chinas operan en República Dominicana, cuánto importan, cuántos empleos generan y qué nivel de cumplimiento fiscal y laboral mantienen?
Ese vacío estadístico alimenta las dudas y las denuncias de sectores del comercio dominicano. Algunos comerciantes señalan posibles prácticas de subvaluación, evasión tributaria e informalidad laboral, mientras empresarios chinos atribuyen sus precios a las compras en grandes volúmenes, el acceso directo a proveedores y una estructura de costos diferente.
El punto central no debería ser el origen de los propietarios, sino la aplicación de las mismas reglas fiscales, aduanales y laborales para todos. Un mercado realmente competitivo necesita condiciones similares para quienes participan en él.
De las pequeñas tiendas a las grandes superficies
La presencia económica china en República Dominicana tiene varias décadas. La historiadora Mu-Kien Sang ha documentado la participación de inmigrantes chinos en actividades comerciales desde 1961, cuando lavanderías, restaurantes, colmados y otros negocios familiares comenzaron a formar parte del paisaje económico dominicano.
Con el paso de los años llegaron nuevas generaciones de migrantes, entre ellas personas procedentes de Fujian, cuya participación contribuyó a una nueva etapa comercial caracterizada por establecimientos de mayor tamaño.
El cambio no consistió solamente en abrir locales más grandes. Algunos empresarios pasaron de la venta minorista a la importación de grandes volúmenes, almacenamiento, distribución y venta directa al consumidor y a pequeños comerciantes.
Esa integración puede ayudar a explicar parte de los precios que ofrecen estos negocios. Al reducir intermediarios y comprar directamente grandes cantidades de mercancías, las empresas pueden obtener ventajas de escala que los pequeños comercios tradicionales difícilmente consiguen.
El fenómeno también se ha extendido fuera de Santo Domingo. El Cibao, el Este y el Sur han visto crecer la presencia de estos establecimientos, que incluso han llegado a ciudades medianas y pequeñas.
Para los consumidores, la fórmula resulta atractiva: variedad, disponibilidad y precios bajos en un mismo lugar. Para numerosos revendedores dominicanos, estas tiendas se han convertido además en centros de abastecimiento.
Denuncias de irregularidades y falta de estadísticas oficiales
La expansión de las megatiendas ha estado acompañada de reclamos de organizaciones del comercio organizado, especialmente relacionados con posibles incumplimientos fiscales y aduanales.
Entre agosto de 2020 y abril de 2025, la Dirección General de Aduanas (DGA) fiscalizó 181 comercios de origen chino dedicados a la venta de artículos para el hogar, decoración, ferretería, confecciones y mercancías variadas.
Según los datos citados, las reliquidaciones de impuestos superaban los 3,360 millones de pesos, mientras los procedimientos sancionadores ascendían a más de 5,799 millones de pesos. Entre los principales hallazgos señalados figuraba la subvaluación de mercancías, mediante prácticas como doble facturación, alteración de valores y cantidades y uso indebido de partidas arancelarias.
Estos datos justifican una fiscalización rigurosa, pero también es importante evitar generalizaciones. Las irregularidades encontradas en determinados establecimientos no permiten concluir automáticamente que todo el sector opere de la misma manera.
En diciembre, la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) presentó un levantamiento según el cual nueve de cada diez negocios visitados cobraban en efectivo y no entregaban comprobantes fiscales adecuados o facturas con ITBIS. Sin embargo, se trata de una estimación gremial y no de una medición oficial que permita establecer la magnitud nacional del fenómeno.
La ausencia de una radiografía estadística integral deja el debate atrapado entre denuncias empresariales y respuestas de los comerciantes señalados.
El desafío: controlar sin discriminar
Los representantes de la comunidad empresarial china rechazan que los precios bajos sean una prueba de ilegalidad. Sostienen que sus ventajas provienen de las compras en volumen, los vínculos directos con proveedores, menores costos de intermediación y diferentes calidades de productos.
También aseguran que las condiciones laborales han mejorado y que numerosos establecimientos cumplen con el registro de sus empleados en la seguridad social, los horarios laborales y otras obligaciones.
Al mismo tiempo, los operativos de las autoridades han detectado casos de trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular en determinados establecimientos. Estas intervenciones demuestran que existen situaciones que deben ser corregidas, pero tampoco permiten establecer por sí solas que esas prácticas sean generalizadas en todo el sector.
El problema está precisamente en la fragmentación institucional. Migración verifica la situación de los trabajadores extranjeros; Trabajo supervisa las condiciones laborales; la DGII controla la facturación y los impuestos; Aduanas revisa las importaciones, mientras otras instituciones intervienen en permisos, edificaciones y funcionamiento de los establecimientos.
Lo que falta es una visión integrada que permita seguir el recorrido de una mercancía desde el puerto hasta el consumidor, comparando importaciones, valores declarados, ventas, impuestos, empleados y cumplimiento de las obligaciones legales.
La República Dominicana tiene la oportunidad de abordar este fenómeno sin xenofobia, pero también sin permitir posibles incumplimientos. El origen de un empresario no puede convertirse en una presunción de culpabilidad, pero tampoco puede utilizarse como protección frente a la ley.
El camino más razonable es contar con datos. Saber quién importa, cuánto importa, cuánto declara, cuánto vende, cuántos trabajadores emplea y qué sanciones recibe cuando incumple permitiría separar la competencia legítima de las prácticas que perjudican al fisco y a los comerciantes que sí cumplen.
Las megatiendas chinas ya forman parte del paisaje comercial dominicano y generan empleos, movimiento económico y oportunidades para consumidores y revendedores. Precisamente por el tamaño que ha alcanzado el fenómeno, el Estado necesita una radiografía completa del sector.
La pregunta ya no es si estas tiendas deben existir, sino si compiten bajo las mismas reglas que el resto del comercio. La respuesta debería estar en los datos, no en las acusaciones ni en la nacionalidad de los propietarios.
Por: Noticonexion/Indhira Suero Acosta
