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Gobierno atiende demanda de 157,000 cupos escolares y amplía asistencia educativa

Unos 15,000 estudiantes están recibiendo clases en centros educativos privados mediante un programa de asistencia social del Gobierno, debido a la elevada demanda de cupos en el sistema público.

De acuerdo con la información ofrecida durante La Agenda Semanal, unos 5,000 estudiantes fueron incorporados al programa para el año escolar 2026, mientras que otros 10,000 ya formaban parte de este mecanismo desde 2025.

El presidente Luis Abinader explicó que la falta de plazas en determinadas zonas no necesariamente representa un déficit general de aulas, sino que está relacionada con la movilidad de la población dominicana hacia territorios donde se generan nuevas oportunidades laborales.

El fenómeno resulta especialmente visible en zonas de rápido crecimiento económico. La expansión del turismo y la creación de empleos provocan también un aumento de la población, y con ello crece la presión sobre servicios esenciales como la educación.

El mandatario señaló que La Altagracia, el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal concentran buena parte de la demanda adicional de espacios educativos.

En el caso de La Altagracia, Abinader explicó que el desarrollo turístico y la apertura de nuevos hoteles han generado miles de empleos, provocando que numerosas familias se trasladen hacia la zona.

Con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, las autoridades informaron que para el actual año escolar se registró una demanda adicional de aproximadamente 157,000 cupos en el sistema público.

El viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Ayacx Mercedes Contreras, aseguró que todos los casos fueron atendidos oportunamente mediante diferentes mecanismos.

La primera alternativa consistió en reubicar estudiantes dentro del propio centro educativo; la segunda, trasladarlos a escuelas cercanas del mismo distrito educativo, mientras que la tercera fue recurrir al programa de asistencia escolar en coordinación con centros privados.

También se utilizaron espacios alquilados para ampliar temporalmente la capacidad disponible.

La respuesta demuestra que el desafío educativo no depende únicamente de construir aulas. La planificación debe seguir el movimiento de las familias y anticipar dónde crecerá la demanda, especialmente en provincias que experimentan fuertes transformaciones económicas y demográficas.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera Polanco, informó que durante el nuevo año escolar se están entregando más de 1,500 nuevas aulas, una cifra que podría superar las 1,700 unidades para septiembre.

Además, se realizaron trabajos de mantenimiento en 1,457 planteles escolares, de los cuales 1,226 ya fueron entregados para su utilización. Los restantes están pendientes de autorización y, según las autoridades, serán habilitados próximamente.

Herrera explicó también que todavía quedan alrededor de 268 planteles por intervenir, trabajos que están previstos para desarrollarse entre agosto y diciembre.

La ampliación de la infraestructura constituye una de las principales respuestas frente al crecimiento de la matrícula. Sin embargo, el reto consiste en garantizar que las nuevas aulas estén ubicadas donde realmente se necesitan y que los centros existentes reciban mantenimiento de manera permanente.

Construir más aulas es importante, pero construirlas en los lugares correctos es todavía más importante. La movilidad interna de la población obliga al sistema educativo a mantener una planificación dinámica.

Dentro de las acciones de infraestructura también se realizaron evaluaciones sísmicas en centros educativos ubicados en la Cordillera Septentrional, zona donde se encuentra una de las principales fallas tectónicas del país.

Como resultado de esas evaluaciones, las autoridades decidieron suspender el uso de 57 planteles educativos debido a problemas estructurales. De estos, 34 deberán ser demolidos completamente.

La medida representa un desafío adicional para el sistema educativo, porque mientras aumenta la demanda de cupos también es necesario retirar temporalmente del servicio instalaciones que no ofrecen las condiciones adecuadas de seguridad.

No obstante, la decisión tiene un componente fundamental: la seguridad de los estudiantes debe estar por encima de la necesidad de mantener abiertas determinadas instalaciones.

El Gobierno enfrenta así dos retos simultáneos: ampliar la capacidad del sistema educativo para responder al crecimiento de la matrícula y garantizar que los centros disponibles sean seguros y estén en condiciones adecuadas.

El escenario obliga a mantener una estrategia de inversión sostenida en infraestructura escolar, mantenimiento, prevención sísmica y planificación territorial. De esa manera, el crecimiento de la población no tendrá que traducirse cada año en una carrera contra el tiempo para conseguir cupos

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