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Economía circular: el desafío de República Dominicana para crecer sin destruir el medio ambiente

República Dominicana puede alcanzar mayores niveles de desarrollo económico sin comprometer sus recursos naturales, pero para conseguirlo necesita desvincular el crecimiento económico de la generación descontrolada de residuos sólidos. Una de las alternativas para lograr ese objetivo es la economía circular, un modelo de producción y consumo que busca reducir el impacto ambiental mediante el aprovechamiento de los recursos y la disminución de los desperdicios.

A diferencia del modelo económico lineal, basado en producir, consumir y desechar, la economía circular propone cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los materiales, el agua y la energía, promoviendo la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos.

demuestra que los residuos también pueden convertirse en una fuente de oportunidades económicas.

En esta ocasión, el análisis se concentra en la sostenibilidad y los desafíos que enfrenta el país para transformar su sistema de gestión de desechos, tomando como referencia el estudio What a Waste 2.0, publicado por el Banco Mundial. Según esa investigación, República Dominicana genera aproximadamente 1.08 kilogramos de residuos por habitante al día, una cantidad superior a la registrada en países como Panamá, Costa Rica, Colombia y Venezuela.

República Dominicana avanza hacia una nueva gestión de residuos sólidos

La ingeniera Mariely Ponciano, especialista en gestión y tratamiento de residuos, explica que el país ha experimentado avances en el cierre de vertederos a cielo abierto, la construcción de estaciones de transferencia y la puesta en funcionamiento de rellenos sanitarios y vertederos controlados.

También destaca la elaboración de instrumentos de planificación, como el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los reglamentos técnicos derivados de la Ley 225-20 y la incorporación del sector privado mediante mecanismos de responsabilidad extendida del productor.

Ponciano señala que la generación de residuos continúa aumentando en correspondencia con el crecimiento de la población y la actividad económica. Sin embargo, considera que el país atraviesa una etapa de cambios positivos impulsados por las disposiciones de la legislación sobre residuos sólidos.

Uno de los principales problemas sigue siendo que la mayor parte de los desechos termina en vertederos a cielo abierto, mientras que menos del 10 % llega a procesos de valorización, según las cifras citadas en el análisis.

La Ley 225-20 promueve la reducción y el aprovechamiento de los residuos, por lo que resulta necesario modificar progresivamente ese desequilibrio, aumentando las cantidades destinadas al reciclaje, el coprocesamiento y otras modalidades de aprovechamiento, así como garantizando una disposición final adecuada.

La especialista advierte que los residuos orgánicos depositados en vertederos producen biogás durante su descomposición, compuesto por gases como el metano y el dióxido de carbono, que contribuyen al efecto invernadero.

Estos gases se acumulan en la atmósfera y retienen parte del calor que la Tierra devuelve hacia el espacio, contribuyendo al calentamiento global. Entre sus consecuencias se encuentran el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y las alteraciones en los patrones de lluvia.

Ponciano Pichardo, quien desde 2023 dirige la organización NUVI, dedicada a promover la economía circular en República Dominicana, advierte sobre la necesidad de transformar la manera en que se manejan los desechos para reducir sus efectos ambientales.

En julio de 2026 se aprobó una guía para implementar los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección de Gestión Integral de Residuos (DIGIRS), en colaboración con la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

Una vez que los ayuntamientos remitan sus planes, los técnicos de la DIGIRS procederán a revisarlos y determinarán si cumplen con los requisitos establecidos o necesitan modificaciones.

Josep María Tost, encargado de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que hasta el momento se habían recibido nueve planes municipales. Asimismo, indicó que próximamente, mediante el programa DoSostenible, se ofrecerán ayudas económicas a los municipios para desarrollar sus proyectos.

El país enfrenta importantes dificultades: más de 240 vertederos a cielo abierto, ayuntamientos con limitaciones financieras para recoger los desperdicios, una industria de reciclaje todavía incipiente y una educación ciudadana que necesita fortalecerse.

Ante la interrogante de si República Dominicana se encuentra en una etapa primitiva en la gestión de sus residuos, Tost explicó que apenas han transcurrido cinco años de desarrollo de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20.

El funcionario afirmó que el país ha registrado avances importantes y sostuvo que aproximadamente el 50 % de la basura nacional tiene un destino final ordenado. Según sus declaraciones, unas 7,000 toneladas diarias son tratadas en rellenos sanitarios que cumplen estándares técnicos internacionales de protección ambiental.

También señaló la aparición de 14 proyectos de inversión nacional y extranjera destinados al aprovechamiento de residuos y al manejo adecuado de estos materiales.

Otro aspecto que considera necesario es formalizar y organizar los centenares de pequeños y medianos emprendimientos que participan en actividades relacionadas con los residuos, mediante acompañamiento, inspecciones y aplicación de las sanciones correspondientes a quienes incumplan las normas.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, una vez clausuradas sus 120 hectáreas, las aproximadamente 4,500 toneladas de residuos que actualmente genera una parte del Gran Santo Domingo serán distribuidas entre tres rellenos sanitarios proyectados: Grupo SAT, en Santo Domingo Norte; Oakhouse, en Pedro Brand, y Pasivos Ambientales de Haina, en Haina.

Este proceso representa un desafío logístico y ambiental de gran importancia, porque requiere garantizar que la basura recogida diariamente tenga un destino adecuado y que las nuevas instalaciones dispongan de capacidad suficiente para recibirla y tratarla.

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El Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, DoSostenible, constituye un instrumento económico creado para incentivar la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la transformación del sistema nacional de gestión de desechos.

Sobre su funcionamiento, Josep María Tost explicó que una de sus principales responsabilidades es gestionar el tratamiento de los residuos entregados por las alcaldías.

Según el funcionario, DoSostenible busca liberar a los ayuntamientos del costo de la gestión adecuada de los residuos, evitando que estos continúen depositándose en botaderos y vertederos irregulares y procurando que sean trasladados a plantas de valorización y rellenos sanitarios.

El objetivo es conseguir que los desechos reciban un tratamiento apropiado, sin incendios ni generación descontrolada de lixiviados, reduciendo así los riesgos para el medio ambiente y las comunidades cercanas.

Durante su intervención, Tost también resaltó el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025-2035, que establece una visión orientada a la minimización, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final segura de los desperdicios.

La meta es avanzar hacia un país con un entorno limpio y saludable, mediante un modelo inclusivo que incorpore los principios de la economía circular.

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La transición hacia una economía circular requiere una participación activa del Estado dominicano, los gobiernos municipales, las empresas privadas y la ciudadanía.

Es necesario desarrollar políticas públicas adaptadas a la realidad nacional, con responsabilidades claramente definidas, objetivos medibles y mecanismos de supervisión que permitan evaluar los resultados.

También se necesitan incentivos para que las empresas inviertan en tecnologías de reciclaje, reutilización y aprovechamiento de materiales, además de fortalecer la educación ambiental desde las escuelas y las comunidades.

La gestión de los residuos no debe limitarse a recoger la basura y trasladarla fuera de las ciudades. El verdadero cambio consiste en reducir la cantidad de desperdicios que se generan, recuperar los materiales que todavía tienen valor y garantizar que aquello que no pueda aprovecharse reciba una disposición final segura.

República Dominicana tiene ante sí la oportunidad de demostrar que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden avanzar juntos. Sin embargo, ese propósito dependerá de que los planes, las inversiones y las disposiciones legales se traduzcan en resultados concretos para los municipios y la población.

La economía circular no debe quedarse en un concepto técnico ni en una aspiración institucional: tiene que convertirse en una práctica cotidiana y en una política de Estado capaz de transformar la relación del país con sus recursos naturales y sus residuos.

Por: Noticonexion

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