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Los planes del presidente Luis Abinader para combatir el denominado “terrorismo ambiental” en las áreas protegidas y parques nacionales del país deben comenzar, precisamente, por el propio Estado.
Así lo plantearon ambientalistas y miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias, consultados a propósito del nuevo decreto 615-26, mediante el cual el Gobierno establece medidas para enfrentar acciones que amenacen los recursos naturales.
Los especialistas consideran que la protección ambiental no puede concentrarse únicamente en perseguir a personas que realizan actividades de subsistencia dentro de zonas protegidas. Advierten que también deben ser fiscalizadas las actividades económicas de mayor escala que puedan provocar daños permanentes a los ecosistemas.
Entre las acciones señaladas figuran la explotación minera, extracción de arena de los ríos, deforestación y la autorización de espacios dentro o próximos a áreas protegidas para favorecer determinadas inversiones privadas.
“Estamos llamando al propio presidente de la República a ser consecuente. Porque no es aplicar este decreto de declarar como ecoterroristas a campesinos pobres, que de manera furtiva entran al Parque Nacional y tumban palos o siembran una tarea de habichuela, ya sea dominicano o haitiano. Eso no es; el gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente”, aseguró Enrique de León, miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático.
La advertencia plantea un debate de fondo: si el objetivo es combatir el deterioro de los recursos naturales, la aplicación de las normas debe alcanzar a todos los actores, independientemente de su poder económico o influencia política.
Denuncian daños en manglares y ecosistemas protegidos
De León citó como ejemplos de lo que considera una tendencia de “terrorismo ambiental” el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, ubicado en la bahía de Puerto Viejo, provincia Azua, y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en la bahía de Manzanillo, provincia Monte Cristi.
El defensor ambiental manifestó que este tipo de intervenciones provoca daños tanto al hábitat como a las especies que dependen de esos ecosistemas.
En el caso del Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, denunció que operan barcazas generadoras de electricidad que, según afirmó, han provocado la muerte de peces y otras especies marinas, además de generar afectaciones a la salud de residentes de la zona.
En cuanto al Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en Manzanillo, De León denunció la destrucción de más de medio millón de metros cuadrados de bosque seco dentro del área de amortiguamiento para la construcción de dos plantas de generación eléctrica de 860 megavatios a gas natural.
Según el activista, las instalaciones se encuentran a menos de 59 metros del núcleo del parque y su construcción contó con autorización del Ministerio de Medio Ambiente y respaldo gubernamental.
De León calificó estas actuaciones de “barbaridad” y sostuvo que podrían provocar la desaparición de una de las mayores concentraciones de manglares de las Antillas, además de afectar otras especies presentes en el territorio dominicano.
Las denuncias ponen sobre la mesa la necesidad de que cualquier política contra el deterioro ambiental vaya acompañada de controles independientes, transparencia en las autorizaciones y evaluaciones rigurosas sobre el impacto de los grandes proyectos que se desarrollan cerca de áreas ecológicamente sensibles.
Proponen más recursos y controles para proteger las áreas naturales
Aunque respaldó el decreto 615-26, Adolfo José López Belando, miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias y de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, consideró que se requieren medidas adicionales para garantizar la protección efectiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Entre sus propuestas figura dotar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de mayores recursos económicos y medios técnicos para realizar una vigilancia efectiva de las áreas protegidas.
El ecodefensor también planteó respaldar firmemente a los responsables del Viceministerio de Áreas Protegidas para que puedan enfrentar las presiones provenientes de sectores políticos, militares y empresariales que, según afirmó, buscan vulnerar la integridad de determinadas áreas en beneficio de inversiones inmobiliarias, industriales, ganaderas o agrícolas.
López Belando sostuvo que la protección de un área natural debe partir de reglas claras sobre el tipo de infraestructura que puede permitirse en estos espacios.
“La regla número uno para proteger cualquier categoría de área protegida es que nunca se permita la edificación de apartamentos, hoteles, glamping o cualquier infraestructura turística de pernoctación dentro del área protegida. Mucho menos centros de diversión turística o cualquier infraestructura que modifique el paisaje natural”, puntualizó.
El debate generado por el decreto coloca nuevamente en primer plano la responsabilidad del Estado en la conservación de los recursos naturales. Para los ambientalistas, perseguir las actividades ilegales de pequeña escala es insuficiente si al mismo tiempo no se garantiza una fiscalización rigurosa de proyectos de mayor dimensión.
La verdadera efectividad de la nueva política ambiental se medirá, por tanto, no solo por la cantidad de sanciones aplicadas, sino por la capacidad de las autoridades para proteger los ecosistemas, preservar las áreas protegidas y hacer cumplir la ley sin excepciones.
Por: Noticonexion
