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Auditorías revelan posibles irregularidades
El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó que remitió 50 expedientes a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), tras identificar posibles irregularidades en auditorías realizadas a instituciones públicas durante los últimos 12 meses. La presidenta del órgano, Emma Polanco, explicó que la entidad cumple con su rol de detectar y documentar indicios de corrupción, dejando en manos del Ministerio Público la decisión de proceder judicialmente.
Polanco aclaró que la Cámara de Cuentas no tiene facultad sancionadora, por lo que su función concluye al enviar los expedientes. Este punto, aunque técnico, revela una limitación estructural: la institución identifica fallas, pero no controla el desenlace de los casos, lo que genera incertidumbre sobre su impacto real.
Transparencia y cuentas pendientes
Durante su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, la funcionaria anunció que próximamente se publicará la lista de funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes, en incumplimiento de la Ley 311-14. Esta medida busca reforzar la transparencia y presionar el cumplimiento de una obligación clave para el control del patrimonio público.
Sin embargo, la falta de detalles sobre las entidades auditadas en los expedientes enviados deja un vacío informativo que limita el alcance de la rendición de cuentas. La transparencia, en este contexto, no solo depende de informar, sino de hacerlo con precisión y profundidad.
Polémica por intento de aumento salarial
Uno de los puntos más controvertidos fue la resolución que contemplaba un aumento del 50% en los salarios de los miembros del pleno. De haberse aplicado, la presidenta habría percibido cerca de RD$600,000 mensuales, mientras los demás integrantes rondarían los RD$500,000.
No obstante, la medida fue anulada posteriormente para alinearse con la política de austeridad gubernamental. Polanco defendió la propuesta, señalando que no se trataba de un aumento salarial, sino de un incentivo por el trabajo realizado, destacando que en el último año se ejecutaron 90 auditorías, en contraste con gestiones anteriores.
La reacción pública y las advertencias desde el Senado reflejan cómo este tipo de decisiones pueden afectar la credibilidad institucional, especialmente en un organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos del Estado.
Déficit de personal y retos operativos
La Cámara de Cuentas enfrenta un desafío significativo en términos de capacidad operativa. Según Polanco, actualmente cuentan con 300 auditores para supervisar unos 1,440 entes auditables, lo que evidencia una clara insuficiencia de recursos humanos.
La institución estima que necesita al menos 200 auditores adicionales, con un costo anual cercano a los dos millones de pesos por cada uno, incluyendo herramientas tecnológicas y capacitación. Este déficit limita la capacidad de fiscalización y retrasa procesos clave en la supervisión del gasto público.
En este escenario, el reto no solo es identificar irregularidades, sino contar con los recursos necesarios para hacerlo de manera eficiente, oportuna y sostenida, en un sistema que demanda cada vez más vigilancia y rendición de cuentas.
Por: Noticonexion
