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La Defensoría Pública volvió a encender las alarmas ante la situación de derechos humanos que se registra en destacamentos policiales del país. Esta vez, el llamado de atención se concentra en Dajabón, donde 52 personas privadas de libertad permanecen hacinadas en un espacio diseñado para albergar un máximo de 15.
Para el director de la entidad, Rodolfo Valentín, la gravedad de la situación radica en que el recinto fue concebido únicamente para detenciones transitorias, pero terminó convertido en una especie de prisión improvisada de larga permanencia.
Del total de personas recluidas, 17 son detenidos temporales, mientras que otros 35 son presos preventivos con medidas de coerción que, según Valentín, debieron ser trasladados de inmediato a centros penitenciarios formalmente habilitados.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una problemática que no puede ser normalizada: un destacamento policial no está diseñado para funcionar como cárcel. Mantener durante meses a personas durmiendo en el piso no solo evidencia hacinamiento, sino también una falla institucional que termina afectando la dignidad de quienes se encuentran bajo custodia del Estado.
Defensoría Pública cuestiona inacción de las autoridades
Valentín cuestionó la inacción de las autoridades competentes, especialmente porque existen centros penitenciarios funcionales en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, lo que, a su juicio, hace todavía más difícil justificar la permanencia prolongada de los reclusos en el destacamento.
El funcionario aseguró que la situación no es nueva. Explicó que años atrás fueron emprendidas acciones legales para descongestionar el mismo recinto, pero la falta de seguimiento habría provocado que el problema volviera a repetirse.
A pesar de las gestiones realizadas ante la Fiscalía de Dajabón y el Ministerio de Justicia para solicitar el traslado inmediato de los privados de libertad, la crisis continúa sin una solución definitiva.
La advertencia de la Defensoría Pública apunta a una cuestión fundamental: la prisión preventiva no puede convertirse en una condena anticipada ni mucho menos en una experiencia marcada por condiciones degradantes.
En ese sentido, Valentín llamó a las instituciones responsables del sistema penitenciario y de justicia a coordinar acciones para garantizar el traslado y la custodia adecuada de las personas privadas de libertad.
Piden frenar el deterioro y garantizar derechos fundamentales
El director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública exigió a las autoridades “frenar urgentemente el deterioro institucional” en el destacamento de Dajabón y reiteró que no se puede permitir que personas privadas de libertad permanezcan durante meses durmiendo en el piso de un destacamento policial.
También instó a fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la custodia y traslado de reclusos, con el objetivo de evitar que las condiciones de detención terminen vulnerando derechos fundamentales.
“La privación de libertad no significa la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales”, recordó Valentín.
El problema adquiere mayor dimensión porque se trata de personas que, en muchos casos, todavía no han recibido una sentencia definitiva. Por ello, las condiciones en las que permanecen detenidas deben cumplir con estándares mínimos de dignidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.
La reiteración del problema demuestra que no basta con descongestionar un destacamento de manera temporal. Hace falta una respuesta institucional permanente, que garantice que estos espacios policiales cumplan su función de detención transitoria y no terminen convertidos en cárceles improvisadas.
Dajabón vuelve a enfrentar una crisis de hacinamiento
La Defensoría Pública recordó que anteriormente tuvo que recurrir a acciones legales ante condiciones similares en Dajabón. Aquellas gestiones contribuyeron al descongestionamiento del recinto, pero la ausencia de una solución estructural permitió que el hacinamiento regresara.
Ahora, decenas de personas vuelven a encontrarse en condiciones que generan preocupación entre organismos vinculados a la protección de los derechos humanos.
El caso también evidencia la necesidad de revisar la gestión de la prisión preventiva, especialmente cuando existen centros penitenciarios disponibles y adecuados para recibir a personas con medidas de coerción.
Por otro lado, el texto suministrado también hace referencia a una elevada demanda de consultas psicológicas en el país, que podría superar ampliamente la demanda de servicios de psiquiatría. Este aspecto abre otro debate sobre la necesidad de fortalecer la atención de salud mental, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.
La situación de Dajabón debería servir como una señal de alerta para las autoridades. La seguridad y la justicia no pueden separarse del respeto a la dignidad humana. Resolver el hacinamiento no debe ser visto únicamente como una obligación administrativa, sino como una responsabilidad del Estado frente a las personas que permanecen bajo su custodia.
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Por: Noticonexion
