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La familia de Miguel Antonio Valenzuela acudió este lunes a la Procuraduría General de la República junto a sus representantes legales y una comisión de Derechos Humanos para solicitar una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, un caso que ha generado inquietud debido a la existencia de dos diagnósticos médicos con causas de muerte completamente distintas.
“Mientras no vea un resultado de esto, no me siento bien”, expresó Ángel Lucas Maldonado, padre del fallecido, al reiterar que su único interés es conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Familia insiste en que solo busca justicia
Una comisión integrada por familiares, abogados y representantes de Derechos Humanos fue recibida por el procurador adjunto Pedro Frías, quien, según informaron, manifestó la disposición del Ministerio Público de investigar a fondo el caso.
La controversia gira en torno a dos informes médicos. El documento preliminar del Inacif establece que Valenzuela falleció por leptospirosis, mientras que un análisis emitido por Laboratorios Amadita señala que padecía dengue, dos enfermedades con características totalmente diferentes.
La abogada Fior Elena Campusano, quien junto a Carlos Rodríguez representa legalmente a la familia, afirmó que no buscan culpables sin pruebas, sino que se determine con claridad qué ocurrió.
“Nos dijeron que nos vayamos confiados en que saldrá la verdad. Nosotros no buscamos venganza; queremos que, si existen responsables, respondan por los hechos”, manifestó la jurista.
Este contraste entre informes médicos ha incrementado las dudas de los familiares, quienes consideran indispensable una investigación transparente que despeje cualquier incertidumbre y fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia.
Los últimos días de Miguel Antonio Valenzuela
Miguel Antonio Valenzuela, de 43 años, fue arrestado el 8 de julio por una presunta venta ilegal de lotería y trasladado al Destacamento 17 de la Policía Nacional, en San Cristóbal, donde permaneció durante cinco días.
El 13 de julio fue presentado ante el Juzgado de Paz Ordinario para el conocimiento de la medida de coerción. Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, la jueza decidió otorgarle la libertad bajo presentación periódica durante seis meses al observar el delicado estado de salud del imputado.
Ese mismo día fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juan Pablo Pina, donde falleció horas después.
Su padre aseguró que su hijo gozaba de buena salud antes de ser detenido, por lo que considera inexplicable el rápido deterioro que sufrió durante los días que permaneció bajo custodia.
Derechos Humanos reclama reformas en las cárceles preventivas
Los coordinadores de Derechos Humanos para la región Sur, Carlos Manuel Sánchez Díaz, Jonathan Báez y Wellington de los Santos Lucas, solicitaron que este caso marque un precedente en la jurisprudencia penal dominicana y sirva para fortalecer la supervisión del Ministerio Público en los centros de detención preventiva.
Los representantes denunciaron las condiciones de hacinamiento que, según afirmaron, persisten en numerosos destacamentos policiales del país.
Indicaron que existen celdas construidas para albergar a unas 20 personas donde actualmente son recluidas hasta 100, situación que, a su juicio, incrementa los riesgos para la salud, vulnera los derechos fundamentales de los detenidos y favorece la ocurrencia de hechos que posteriormente resultan difíciles de esclarecer.
El caso de Miguel Antonio Valenzuela vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre las condiciones de los centros de detención preventiva y la necesidad de que toda muerte ocurrida bajo custodia estatal sea investigada con absoluta independencia y transparencia. Más allá de determinar las causas del fallecimiento, la sociedad espera que este proceso contribuya a fortalecer la rendición de cuentas y garantice que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Por: Noticonexion
