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Con la emisión del Decreto 615-26, el Gobierno dominicano endureció su estrategia para combatir el denominado terrorismo medioambiental y redobló los esfuerzos para perseguir los delitos cometidos contra los recursos naturales, especialmente en áreas protegidas y parques nacionales.
Al encabezar una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader calificó como actos de terrorismo medioambiental aquellas acciones dirigidas a provocar la desaparición, destrucción o daño sistemático de los parques nacionales.
El mandatario advirtió que las autoridades aplicarán medidas más drásticas y desarrollarán una persecución firme contra quienes incurran en estos delitos, sean dominicanos o extranjeros.
Abinader recordó además que el nuevo Código Penal dominicano contempla penas de hasta 30 y 40 años de prisión para quienes ocasionen daños extensos, duraderos y graves a los recursos naturales y al medioambiente.
Gobierno anuncia persecución sin importar nacionalidad
El presidente Abinader afirmó que las investigaciones oficiales han determinado que en varios de los incendios registrados en áreas protegidas han participado extranjeros y dominicanos.
“Si bien eran nacionales haitianos los que en su mayoría provocan los incendios, esos nacionales haitianos, en gran parte de los casos, eran enviados por dominicanos también. Entonces ambos van a sufrir la misma pena”, expresó el mandatario, al advertir que quienes provoquen daños a los parques nacionales enfrentarán las consecuencias establecidas por la legislación.
En ese contexto, Abinader informó que impartió instrucciones a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración para perseguir activamente a las personas involucradas en este tipo de violaciones.
El mensaje del Gobierno es directo: la protección de los recursos naturales no estará condicionada por la nacionalidad de quienes cometan las infracciones. Y, en momentos en que los incendios forestales y la extracción ilegal continúan generando preocupación, la aplicación efectiva de estas medidas será tan importante como el anuncio de las sanciones.
“Mandamos hoy un mensaje fuerte. Estamos preparados para ejercer lo que establece este decreto y lo dispuesto en el nuevo Código Penal. Sea quien sea, escuchen bien, que vaya a afectar o que afecte nuestros parques nacionales”, enfatizó Abinader.
El jefe de Estado manifestó su expectativa de que las nuevas sanciones funcionen como un elemento disuasorio, pero aseguró que el Gobierno está preparado para hacer cumplir el Decreto 615-26 y las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal.
El fuego en los parques amenaza mucho más que los árboles
Abinader sostuvo que los daños provocados en las áreas protegidas tienen consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de vegetación.
Un incendio forestal puede afectar las fuentes de agua, destruir hábitats, reducir la biodiversidad y poner en riesgo a comunidades cercanas. También puede generar consecuencias económicas para sectores como el turismo, además de deteriorar la calidad de vida de la población.
“Después de analizar y pensar cómo darle la verdadera importancia, hemos decidido actuar de manera drástica, catalogando como terrorismo ambiental todo acto que afecte los parques nacionales”, manifestó el presidente.
El mandatario insistió en que cuando ocurre un incendio dentro de un parque nacional no solamente se pierde cobertura forestal, sino que también se pone en peligro el agua y, con ella, una parte esencial de la vida de los dominicanos.
La decisión oficial supone, por tanto, un cambio de enfoque: el deterioro de los ecosistemas deja de verse únicamente como un problema ambiental y pasa a ser abordado también desde la perspectiva de la seguridad nacional.
Qué establece el Decreto 615-26 sobre el terrorismo ambiental
El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental en todo el territorio de la República Dominicana.
De acuerdo con el decreto, se entenderá como terrorismo medioambiental todo acto dirigido contra los recursos naturales, los ecosistemas o las infraestructuras ecológicas mediante los mecanismos establecidos en la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
La disposición establece así una línea de acción más amplia para las autoridades, que deberán fortalecer la prevención, investigación y persecución de quienes ocasionen daños graves a los ecosistemas.
Uno de los puntos que también preocupa a las autoridades es la extracción ilegal de materiales de los cauces de los ríos.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, explicó que el decreto refuerza las acciones contra la extracción ilegal de arena y otros materiales de los ríos, una práctica que puede provocar daños significativos en las fuentes de agua y alterar el equilibrio de los ecosistemas.
Henríquez señaló que el Ministerio de Medio Ambiente trabaja junto con las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad para aumentar la vigilancia e impedir que personas o grupos continúen utilizando los cauces de manera irregular.
Con esta nueva política, el Gobierno busca enviar una señal de tolerancia cero frente a los delitos ambientales. El verdadero desafío, sin embargo, estará en convertir las advertencias y disposiciones legales en una persecución efectiva, con investigaciones sólidas y sanciones aplicadas a todos los responsables.
La protección de los parques nacionales, ríos, bosques y fuentes de agua representa no solo una obligación ambiental, sino también una necesidad estratégica para garantizar los recursos que sostienen a las presentes y futuras generaciones.
Por: Noticonexion
