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El régimen iraní ejecutó este domingo 23 de agosto de 2026 a Mayid Adineh, condenado por supuestamente haber actuado a favor de Israel y Estados Unidos durante las manifestaciones antigubernamentales de enero, según informó el sitio web del poder judicial iraní.
La ejecución se produce en un contexto de creciente represión por parte de las autoridades iraníes. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, el número de ejecuciones en Irán ha aumentado, incluidas varias relacionadas con las protestas y el conflicto.
Según Iran Human Rights, organización no gubernamental con sede en Noruega, y Together Against the Death Penalty (ECPM), con sede en París, Irán ejecutó al menos a 1.639 personas durante el año pasado, la cifra más alta registrada desde 1989.
El dato vuelve a poner bajo la lupa el uso de la pena de muerte por parte de Teherán y plantea nuevas interrogantes sobre la respuesta judicial contra quienes son acusados de colaborar con potencias extranjeras.
Irán endurece la respuesta contra los manifestantes
Las autoridades iraníes han ejecutado a numerosas personas vinculadas con las manifestaciones antigubernamentales, que comenzaron en diciembre a raíz del aumento del costo de vida y rápidamente se transformaron en un movimiento nacional de protesta contra el régimen.
En el caso de Adineh, las autoridades señalaron que fue detenido el 9 de enero junto con otro sospechoso en la provincia de Alborz, al oeste de Teherán.
Según el sitio web judicial Mizan Online, ambos llevaban consigo un revólver, municiones, dos pistolas táser, dos granadas de gas lacrimógeno, una motosierra recargable y una botella de gasolina.
El régimen utilizó estas acusaciones para justificar la severidad de la respuesta judicial. Sin embargo, en un escenario marcado por la guerra y la tensión internacional, las ejecuciones de personas acusadas de colaborar con enemigos externos se convierten también en un poderoso instrumento político para Teherán.
Más de 3.000 muertos según las autoridades iraníes
El régimen iraní informó de más de 3.000 muertes relacionadas con las manifestaciones y atribuyó parte de la violencia a supuestos “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.
Las autoridades sostienen que las protestas fueron aprovechadas por sus adversarios extranjeros para desestabilizar el país. Esa narrativa ha servido para endurecer las medidas contra los manifestantes y contra quienes son señalados como colaboradores de potencias extranjeras.
La ejecución de Mayid Adineh refleja así la creciente dureza de la respuesta del régimen iraní frente a la disidencia. Mientras Teherán presenta estas condenas como una defensa de la seguridad nacional, organizaciones de derechos humanos cuestionan desde hace años el uso de la pena de muerte y la celebración de procesos judiciales contra opositores y manifestantes.
En medio de la guerra y de una fuerte tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, el caso amenaza con convertirse en otro símbolo de la escalada represiva dentro de la república islámica.
Por: Noticonexion/efe/afp
