noticonexion.com
Todavía no se puede hablar de que agoniza, pero corre peligro de muerte. Tanto como que le quedan cinco meses de vida. Si no es aprobado durante ese plazo en el Senado y en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales corre el riesgo de perimir porque, tras su sometimiento, no ha sido votado dentro de dos legislaturas seguidas, como lo establece la Constitución.
La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, en medio de la legislatura que abarcó los meses de enero a julio. En ese periodo, el proyecto tuvo pocos avances y solo se leyó completamente en una comisión especial, donde discutieron su contenido de forma profunda en dos reuniones.
La pieza ahora debe ser aprobada en la actual legislatura (agosto-enero), pero aún le espera un largo tránsito congresual: la conclusión del análisis a que ha sido sometida en una comisión especial del Senado; su aprobación en dos discusiones en la Cámara Alta y, luego, el mismo procedimiento en la Cámara de Diputados.
Para que pueda convertirse en ley, el artículo 104 de la Constitución ordena que una propuesta debe ser votada en un tiempo límite de dos legislaturas; si no es sometida a votación en ese tiempo, se considerará como perimida.
Cuando fue depositada por el Poder Ejecutivo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, enlistó la pieza dentro de los proyectos prioritarios del Congreso, pero esa prisa inicial se ralentizó pronto.
Al ser consultada sobre el avance del proyecto, la senadora Aracelis Villanueva, quien preside una comisión especial para revisarlo, admitió que el Código Penal y otras piezas provocaron que la propuesta sobre libertad de expresión quedara atrás.
Este estancamiento refleja una realidad recurrente en el Congreso: proyectos que inician con gran impulso terminan relegados por la prioridad de otras iniciativas, lo que pone en duda la verdadera voluntad política de garantizar una legislación moderna en materia de libertad de expresión. Si la pieza finalmente caduca, no solo se perdería el trabajo ya realizado, sino también la oportunidad de actualizar un marco legal clave para el ejercicio democrático en el país.
Por: Noticonexion
