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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo a menos de dos meses de las cruciales elecciones de mitad de mandato, en un intento por permitir que el Servicio Postal estadounidense pueda restringir el envío de papeletas por correo.
La Administración del presidente Donald Trump recurrió este jueves 3 de septiembre de 2026 al máximo tribunal para que autorice la aplicación de una nueva norma que otorgaría al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) la facultad de retener el envío de boletas electorales por correo.
La medida podría afectar a millones de estadounidenses que utilizan esta modalidad para ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas de noviembre.
El recurso fue presentado mientras un tribunal federal de apelaciones todavía analiza otra petición de emergencia del Gobierno de Trump para suspender la decisión de una instancia inferior que había congelado temporalmente la implementación de la norma.
La situación ha generado una nueva batalla judicial en torno al voto por correo, en un momento especialmente delicado debido a la proximidad de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el equilibrio de poder en el Congreso.
El conflicto también pone nuevamente de manifiesto la tensión entre el Gobierno federal y los estados sobre quién tiene autoridad para establecer las reglas electorales. En Estados Unidos, la organización y administración de las elecciones corresponde principalmente a los estados, por lo que cualquier intento de ampliar el papel de agencias federales genera un intenso debate jurídico y político.
La Casa Blanca busca ampliar el papel del Servicio Postal
El Departamento de Justicia solicitó al Supremo que permita al USPS retener el envío de papeletas por correo, en el último episodio de una extensa disputa legal originada por una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo.
El presidente ha sostenido que el voto por correo genera condiciones propicias para el fraude electoral, aunque sus críticas a este mecanismo han sido cuestionadas por organizaciones defensoras del derecho al voto.
La orden ejecutiva asigna a las agencias federales un papel que sus críticos consideran sin precedentes en la administración de los procesos electorales, tradicionalmente gestionados por los estados.
Entre otras disposiciones, la medida ordena al Servicio Postal recopilar listas de votantes proporcionadas por los distintos estados y enviar las papeletas únicamente a las personas incluidas en esas listas.
Los críticos consideran que este procedimiento podría generar obstáculos adicionales para ciudadanos que dependen del voto por correo, especialmente aquellos que se encuentran fuera de sus lugares de residencia durante el período electoral.
La controversia adquiere mayor relevancia porque el voto por correo se ha convertido en una herramienta utilizada por millones de estadounidenses. Cualquier modificación en los procedimientos para solicitar, recibir o entregar las papeletas podría tener consecuencias significativas en unas elecciones en las que cada voto puede resultar determinante.
23 estados demócratas impugnan la medida ante los tribunales
La iniciativa de la Administración Trump fue impugnada por grupos defensores del derecho al voto y por una coalición de 23 estados gobernados por demócratas.
Los demandantes sostienen que ni el presidente ni el Servicio Postal deberían asumir la facultad de determinar qué papeletas electorales llegan a los votantes, al considerar que esa competencia corresponde a las autoridades electorales estatales.
Una jueza federal de Massachusetts decidió congelar temporalmente la implementación de la medida el pasado 27 de agosto.
El calendario electoral añade presión al proceso judicial. Está previsto que Carolina del Norte se convierta este viernes en el primer estado en distribuir masivamente las papeletas por correo para las elecciones de este año.
Los comicios de noviembre determinarán el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos durante el resto del mandato de Trump, por lo que las reglas sobre el acceso al voto adquieren una importancia política extraordinaria.
El Tribunal Supremo ya había levantado anteriormente otra orden que bloqueaba los planes de Trump, aunque aquella decisión estuvo basada en cuestiones de procedimiento y no supuso un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la propuesta.
La nueva solicitud coloca nuevamente al máximo tribunal estadounidense ante una disputa que combina derecho electoral, autoridad federal y acceso al voto. La decisión que adopte podría tener consecuencias que trasciendan el caso concreto y afectar la forma en que se administra el voto por correo en las próximas elecciones.
En este contexto, el debate no se limita a una diferencia política entre demócratas y republicanos. También está en juego hasta dónde puede llegar el poder federal en un sistema electoral donde los estados tienen un papel central. Con las elecciones cada vez más cerca, cualquier cambio en las reglas podría repercutir directamente sobre la participación de los votantes.
Por: Noticonexion/efe/afp
