Un ataque con explosivos ocurrido en el municipio de Planadas, en el departamento de Tolima, al oeste de Colombia, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida, además de varios heridos y daños considerables en infraestructuras y viviendas.
El atentado se produjo la noche del domingo 1 de noviembre de 2026, en los alrededores de una base militar, cuando un camión cargado de explosivos detonó y provocó graves daños en la zona.
El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó que la explosión afectó parte de la infraestructura de un hospital y varias viviendas, mientras las calles quedaron cubiertas de escombros y fragmentos de las edificaciones.
La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, confirmó el saldo preliminar de víctimas mediante una publicación en la red social X.
«Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida», expresó.
La tragedia ha generado conmoción por la muerte de la menor y por las consecuencias del ataque sobre una comunidad que quedó expuesta a una explosión de gran magnitud. El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta la población civil en territorios donde persisten las acciones de grupos armados ilegales.
Explosión destruye viviendas y deja numerosos heridos en Planadas
El estallido del camión cargado de explosivos provocó daños en edificaciones cercanas y afectó instalaciones hospitalarias, según informaron las autoridades locales.
El alcalde Juan Camilo Hueje explicó a una emisora local que había múltiples personas heridas, quienes fueron trasladadas a un colegio de la zona para recibir asistencia médica.
Imágenes difundidas después de la explosión mostraron calles cubiertas de piedras, escombros y restos de construcciones, así como personas heridas que necesitaban atención.
Uno de los registros audiovisuales que circularon en redes sociales mostró a una mujer gritando desesperadamente mientras otro hombre sacaba de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija.
La gobernadora Matiz condenó el atentado y lo calificó como un «acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia».
«Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar», agregó.
La dimensión del ataque y la presencia de víctimas civiles, incluida una bebé, vuelven a colocar la protección de la población entre las principales preocupaciones de las autoridades colombianas.
Autoridades investigan a los responsables y reportan presencia de drones
Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían identificado públicamente a los responsables del atentado ni confirmado qué organización estaría detrás de la acción.
Hueje también informó que, además del camión cargado de explosivos, se observaron drones sobrevolando el casco urbano de Planadas durante los acontecimientos.
El uso de estos dispositivos por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una preocupación creciente para las fuerzas de seguridad colombianas, debido a su presencia en distintos episodios de violencia.
Las autoridades deberán determinar si los aparatos observados guardan relación directa con la preparación o ejecución del atentado.
La investigación también tendrá que establecer cómo fue preparado el ataque, quiénes participaron y cuáles eran sus objetivos, especialmente por haberse producido cerca de una instalación militar y en una zona con viviendas y servicios de atención médica.
El hecho demuestra la vulnerabilidad de las comunidades que viven en territorios afectados por el conflicto armado y la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar que los enfrentamientos y las acciones violentas sigan cobrando vidas de civiles.
Ofensiva militar y ataques guerrilleros mantienen la tensión en Colombia
El atentado de Planadas se produce en medio de una nueva escalada de violencia en Colombia, donde las operaciones de las fuerzas estatales contra campamentos guerrilleros coinciden con ataques de grupos armados ilegales en diferentes regiones.
Desde su llegada al poder en agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ha promovido una ofensiva militar contra estructuras guerrilleras, operaciones que, según el reporte, han dejado decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores de edad.
Paralelamente, los grupos armados han continuado perpetrando ataques con explosivos y asesinatos en distintas zonas del país, incluido el homicidio de un aspirante a una alcaldía.
El pasado viernes, De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta, principal ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, ante el incremento de los atentados.
En septiembre también dispuso el despliegue de fuerzas militares en la turística ciudad de Santa Marta, después de una ola de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos atribuida a una banda narcotraficante.
La sucesión de estos acontecimientos refleja las dificultades que enfrenta Colombia para contener la violencia armada y garantizar la seguridad en distintas regiones.
La muerte de cuatro personas en Planadas, especialmente la de una bebé de apenas dos meses, recuerda que el costo más doloroso de la violencia suele recaer sobre quienes no participan en los enfrentamientos. Más allá de las estrategias militares y las operaciones de seguridad, la protección de los civiles debe ocupar un lugar central en cualquier respuesta del Estado.
Por: Noticonexion/efe/afp
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