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El exdictador sirio Bashar al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y actualmente exiliado en Moscú, fue condenado a muerte en ausencia este martes por un tribunal de Damasco, en una decisión histórica contra quien gobernó Siria durante más de dos décadas. La sentencia lo responsabiliza por delitos que incluyen asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad.
El fallo representa la primera condena pública contra el antiguo líder sirio desde la caída de su régimen y se produce dentro del proceso de justicia transicional iniciado en el país tras el cambio de poder.
El juez Fakhr al Din al Uryan, del Cuarto Tribunal Penal de Damasco, leyó la sentencia, que también impuso la pena de muerte a otras personas vinculadas al antiguo régimen, entre ellas el hermano de Bashar, Maher al Asad, y su primo Atef Najib, quien fue el único de los principales acusados presente durante la audiencia.
Bashar al Asad es condenado en ausencia
El tribunal declaró culpable en ausencia a Bashar al Asad, quien permanece en Rusia, por su responsabilidad en asesinatos premeditados, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto sirio.
El juez sostuvo que Al Asad tuvo el máximo nivel de responsabilidad en la toma de decisiones y que utilizó las instituciones estatales para ejecutar las acciones por las que fue condenado.
La sentencia adquiere una dimensión particularmente simbólica porque el antiguo mandatario se encuentra fuera de Siria. Su permanencia en Rusia significa que, al menos por ahora, la condena enfrenta un obstáculo evidente para ser ejecutada.
En otras palabras, el tribunal puede dictar la sentencia, pero llevarla a la práctica dependería de que Bashar al Asad sea entregado a las autoridades sirias. Esa circunstancia convierte el fallo en una victoria judicial y política, aunque también deja abierta una de las grandes interrogantes del proceso de transición sirio.
La guerra que comenzó en 2011 dejó una huella devastadora en Siria y, según estimaciones ampliamente citadas, provocó alrededor de medio millón de muertes. El fallo contra Al Asad busca ahora establecer responsabilidades individuales por algunos de los hechos ocurridos durante aquel conflicto.
La represión de Deraa vuelve al centro del juicio
El proceso tuvo como eje también las acciones atribuidas a Atef Najib, quien fue jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa, en el sur de Siria, donde comenzaron en 2011 las protestas que posteriormente desembocaron en la guerra.
Según el tribunal, las investigaciones y testimonios de testigos demostraron la participación de Najib en los interrogatorios de detenidos después del inicio de las protestas.
La rama de seguridad que dirigía, junto con otras estructuras de seguridad, participó además en el asalto contra la mezquita Omari de Deraa, que se había convertido en uno de los principales puntos de reunión y en un símbolo de las primeras manifestaciones contra el gobierno.
Las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en el lugar y, de acuerdo con las acusaciones presentadas durante el juicio, decenas de manifestantes murieron.
El caso de Deraa tiene un peso especial en la historia reciente de Siria porque allí se encuentra uno de los episodios que marcaron el comienzo de la rebelión de 2011. Por eso, llevar estos hechos a los tribunales significa también intentar reconstruir judicialmente el origen de una guerra que transformó por completo al país.
A Najib se le atribuye además la detención y tortura de menores acusados de realizar grafitis contra el Gobierno en las paredes de una escuela. Posteriormente fue trasladado a Idlib y permaneció oculto durante años hasta ser capturado en una operación de seguridad en Latakia el 31 de enero de 2025.
El tribunal lo condenó a muerte por delitos que incluyen asesinato premeditado, tortura con resultado de muerte y crímenes de lesa humanidad.
Además de Bashar, Maher y Najib al Asad, otros seis acusados que permanecen prófugos también fueron condenados a muerte en ausencia por asesinato premeditado y tortura con resultado de muerte.
Primera gran prueba de la justicia transicional en Siria
A la audiencia asistieron el fiscal general Hasan al Turbeh, el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales y familiares de las víctimas.
El juicio, considerado el primer proceso público contra un alto funcionario de seguridad del antiguo régimen por la represión de las protestas de 2011, comenzó el 26 de abril en Damasco y ha celebrado nueve audiencias.
La sentencia constituye, por tanto, mucho más que un fallo contra una figura política que perdió el poder. Es también una de las primeras pruebas para determinar cómo la nueva Siria pretende enfrentar los crímenes cometidos durante décadas de gobierno y durante los 14 años de conflicto.
La búsqueda de justicia para las víctimas será uno de los principales desafíos del nuevo escenario sirio. Sin embargo, el proceso también deberá responder a preguntas sobre garantías judiciales, responsabilidad individual y aplicación de la pena de muerte, especialmente en un país que intenta reconstruir sus instituciones después de años de guerra.
Para las familias de las víctimas, la condena puede representar un reconocimiento largamente esperado. Para el nuevo Gobierno sirio, en cambio, marca el inicio de una etapa delicada: demostrar que la justicia transicional puede convertirse en una herramienta para reconstruir el país y no en una nueva forma de confrontación política.
La caída de Bashar al Asad puso fin a décadas de dominio de su familia sobre Siria. Ahora, su condena a muerte abre otro capítulo: el de un antiguo gobernante enfrentado a la justicia de un país que intenta cerrar una de las etapas más sangrientas de su historia reciente.
Por: Noticonexion/efe/afp
