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El Poder Judicial dominicano se encamina a una reconfiguración sin precedentes en su historia reciente debido a la renuncia simultánea de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezados por su presidente, Luis Henry Molina, quienes descartaron ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Por tercera vez consecutiva desde la reforma constitucional de 1994, el presidente de la SCJ presenta su renuncia antes de someterse nuevamente al proceso de evaluación. Dos de sus antecesores prefirieron hacerlo voluntariamente antes que exponerse al escrutinio del poder político de turno, mientras que otro optó por retirarse luego de ser degradado durante la evaluación.
El actual escenario abre una interrogante de fondo: ¿hasta qué punto el mecanismo diseñado para garantizar la independencia y estabilidad de la judicatura ha logrado cumplir plenamente con ese propósito?
De Subero Isa a Germán
El Consejo Nacional de la Magistratura fue creado mediante la reforma constitucional de agosto de 1994, fruto del histórico “Pacto por la Democracia”, firmado para superar la crisis electoral de ese año. Su creación tuvo, entre otros objetivos, quitarle al Senado de la República la facultad exclusiva de elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y contribuir a la despolitización del Poder Judicial.
La Ley 169-97, que estableció el marco legal para su funcionamiento, fue promulgada durante la presidencia de Leonel Fernández. Ese mismo año fue designado Jorge Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia, por un período de siete años.
Agotado un período acumulado de 14 años, en 2011 Subero Isa se sometió a evaluación ante el órgano concebido para “despolitizar” y dar estabilidad a la judicatura. Sin embargo, fue degradado a la condición de juez miembro y decidió retirarse.
A Subero Isa lo sustituyó en el cargo Mariano Germán, quien, tras cumplir en 2019 el período de siete años para el cual había sido elegido, declinó volver a someterse al escrutinio del CNM. En una carta dirigida al entonces presidente Leonel Fernández, alegó razones de edad y salud para justificar su renuncia.
Ahora le tocó el turno a Luis Henry Molina, quien fue elegido por el CNM en abril de 2019. Cumplido su período de siete años, presentó su renuncia al presidente Luis Abinader, arrastrando consigo a piezas fundamentales de las salas Penal y Laboral de la alta corte.
Entre los también renunciantes figuran María Garabito Ramírez, quien junto a Nancy Salcedo Fernández representa una importante experiencia técnica en la Sala Penal, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, considerado una figura fundamental de la Sala Laboral y de Tierras.
La coincidencia de estas renuncias convierte el proceso actual en algo más que un simple relevo de magistrados. Se trata de una oportunidad para evaluar si el sistema de selección y renovación de la SCJ ha alcanzado la madurez institucional que se esperaba cuando fue creado.
La excusa de Molina y la carta que marcó la diferencia
El hombre cuya gestión superó de manera inédita a la de sus antecesores en materia de transformación tecnológica y reducción de la mora judicial —con una disminución reportada del 87 %— justificó su renuncia como presidente de la SCJ en motivos esencialmente institucionales.
Así se desprende de su misiva dirigida al presidente Abinader y al CNM, en la que considera que, gracias al trabajo realizado durante su gestión, el Poder Judicial cuenta ahora con una estructura “firme” para continuar su proceso de transformación.
Molina también expresó su deseo de “facilitar” las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura en la renovación de la alta corte y manifestó su confianza en el sistema democrático dominicano.
Las magistradas Garabito Ramírez y Salcedo Fernández utilizaron un tono igualmente protocolar en sus respectivas cartas de renuncia. Ambas coincidieron en justificar su retiro bajo la premisa de un “cierre voluntario de su ciclo profesional” y la “satisfacción del deber cumplido” luego de completar el período de siete años para el cual fueron elegidas.
Pero quien puso el dedo en la llaga fue Manuel Ramón Herrera Carbuccia, cuya carta-renuncia tuvo un tono diametralmente opuesto al de sus tres compañeros. Su salida de la SCJ se perfiló no solo como un relevo institucional, sino como el cierre de una etapa marcada, según su propio relato, por fuertes tensiones con distintos sectores del poder.
En su misiva dirigida al presidente de la República y del CNM, Herrera Carbuccia expuso las presiones que, según afirmó, experimentó y el costo que representó mantener un voto independiente y principios éticos frente al poder en casos de corrupción de alto perfil como Bahía de las Águilas y Odebrecht.
El magistrado sostuvo que durante esos procesos fue objeto incluso de atentados contra su integridad y que también sufrió un supuesto “aislamiento del poder”, al ser separado durante siete años de la presidencia de la Tercera Sala de la alta corte.
En su relato también detalló cómo tuvo que desempolvar judicialmente un expediente por difamación que involucraba al expresidente Hipólito Mejía, que llevaba cuatro años engavetado, así como el recurso presentado por el exministro Gonzalo Castillo, que, según afirmó, permaneció paralizado durante casi dos años tras producirse una violación al debido proceso.
Estas revelaciones introducen una dimensión particularmente sensible al debate: la independencia judicial no se mide únicamente por las normas que la consagran, sino también por la capacidad de los jueces de mantener sus decisiones cuando estas pueden resultar incómodas para quienes ejercen poder político o económico.
La hoja de ruta del CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra en la fase de cierre de postulaciones y depuración. Una vez concluya el período establecido para recibir las propuestas de candidatos provenientes de la sociedad civil, universidades y de los propios jueces, la secretaría deberá clasificar los expedientes.
Posteriormente, el organismo será convocado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y descartar a quienes no califiquen, conforme a lo establecido por la Ley 138-11.
La lista de los preseleccionados será publicada en medios de circulación nacional y se abrirá un plazo legal para que cualquier ciudadano o institución pueda presentar objeciones o reparos debidamente sustentados contra algún aspirante. Esta etapa constituye uno de los mecanismos de control social del proceso.
A continuación, el CNM procederá a realizar las vistas públicas, que serán televisadas, en las que cada aspirante deberá comparecer ante los miembros del Consejo para exponer su visión de la justicia y responder preguntas sobre su trayectoria, solvencia moral y conocimientos jurídicos.
Concluida la fase de entrevistas, el Consejo sesionará a puertas cerradas y, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, elegirá al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los tres magistrados que cubrirán las vacantes producidas en las salas Penal y Laboral.
Los miembros del CNM incluyen al presidente de la República, Luis Abinader; representantes del Senado y la Cámara de Diputados; y magistrados del Tribunal Constitucional. También forman parte del órgano el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo, ambos de la Fuerza del Pueblo, organización que representa la segunda mayoría en ambas cámaras legislativas, además de los magistrados que correspondan conforme a la composición constitucional del Consejo.
El proceso que ahora comienza tendrá, por tanto, una importancia que trasciende los nombres de los jueces que serán escogidos. La renovación de la Suprema Corte de Justicia pondrá nuevamente a prueba el equilibrio entre independencia judicial, legitimidad institucional y poder político. El verdadero desafío del CNM será demostrar que la próxima composición de la alta corte responde, ante todo, a criterios de capacidad, integridad e independencia, y no a los intereses coyunturales de quienes tienen la responsabilidad de escogerla.
Por: Noticonexion
