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Donald Guerrero y otros exfuncionarios enfrentan juicio hoy; apelación contra Gonzalo y Peralta queda en el aire

Este miércoles comienza el juicio de fondo por presunta corrupción contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Junto a ellos enfrentarán el proceso los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes; Princesa Alexandra García Medina, quien se desempeñaba como coordinadora técnico-administrativa de Hacienda; y los esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista.

En total, son más de treinta imputados que llegaron a la etapa de juicio de fondo, donde deberán determinarse las responsabilidades penales que correspondan y que podría concluir con una absolución o una condena.

El proceso representa uno de los capítulos judiciales más relevantes derivados de la denominada Operación Calamar, investigación que desde sus inicios generó un amplio debate político y jurídico en el país.

Y mientras este juicio finalmente entra en su etapa decisiva, otro frente permanece detenido: el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la decisión de no ha lugar que favoreció a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta todavía no tiene fecha para su primera audiencia.

El Ministerio Público sostiene que los exfuncionarios habrían formado parte de una estructura que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares a particulares y financiar actividades políticas, provocando, según la acusación, un perjuicio económico de miles de millones de pesos.

La investigación conocida como Operación Calamar señala presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, cuyos pagos, de acuerdo con la acusación, habrían sido tramitados de manera irregular.

También se atribuyen a los imputados supuestos sobornos a contratistas y actuaciones vinculadas con la alegada extorsión a propietarios de bancas de apuestas.

Estas son acusaciones del Ministerio Público que deberán ser sometidas al contradictorio durante el juicio. Precisamente esa es la importancia de esta nueva etapa: serán los tribunales, a partir de las pruebas y argumentos de las partes, quienes determinarán si las imputaciones pueden ser demostradas jurídicamente.

El caso ha tenido además un componente político inevitable. Los nombres de varios exfuncionarios de alto nivel aparecen en una investigación que abarca decisiones tomadas durante la administración pasada, por lo que el proceso judicial se mantiene bajo una fuerte atención pública.

El auto de apertura a juicio fue decidido el 29 de mayo por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, quien rechazó la acusación contra el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo y contra el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.

La decisión de no ha lugar también favoreció a Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo de Donald Guerrero; Marcial Reyes y la notaria Rosa Arias Ruiz.

El Ministerio Público recurrió la decisión, pero hasta ahora el recurso de apelación no ha sido asignado a una sala de la corte para su conocimiento y tampoco se ha establecido la fecha de la primera audiencia.

Ese retraso introduce un contraste llamativo: mientras más de treinta personas ya entran al juicio de fondo, otros imputados favorecidos con el no ha lugar continúan a la espera de que un tribunal de alzada determine cuándo conocerá el recurso presentado por la acusación.

El juicio estará a cargo de las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por Arlín Ventura, quien lo preside; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.

Ahora comienza la etapa en la que las acusaciones deberán ser confrontadas con las pruebas. Después de años de investigación, decisiones preliminares y recursos, el caso entra finalmente en un escenario donde el tribunal tendrá que valorar los elementos presentados por las partes y determinar qué responsabilidades, si alguna, pueden ser establecidas.

En otras palabras, Operación Calamar llega a una de sus fases más importantes, mientras la apelación relacionada con Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta permanece todavía sin fecha.

Etiquetas: Donald Guerrero, Operación Calamar, juicio de fondo, corrupción, Ministerio Público, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Luis Miguel Piccirillo, Claudio Silver Peña, Ángel Lockward, República Dominicana, justicia dominicana, Tribunal Colegiado, apelación

Por: Noticonexion

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