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El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que resulta necesaria una prórroga para concluir la investigación y presentar la acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados vinculados, según el Ministerio Público, a una presunta red de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por miles de millones de pesos.
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde estaba previsto conocer este miércoles la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el órgano acusador.
Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, luego de una solicitud de la defensa.
A la salida del tribunal, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho explicó que el Ministerio Público estaba preparado para justificar la extensión del plazo, pero que la audiencia no pudo celebrarse debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados.
El funcionario sostuvo que la extensión permitirá continuar profundizando las pesquisas y determinar el nivel de participación de todas las personas que pudieran estar vinculadas al supuesto entramado.
Ministerio Público asegura que aún quedan líneas por investigar
Camacho defendió la necesidad de ampliar el período de investigación y reveló que, durante uno de los interrogatorios realizados dentro del proceso, uno de los imputados habría manifestado al Ministerio Público que en Senasa la corrupción era la norma.
Según el procurador adjunto, una afirmación de esa naturaleza evidencia la magnitud de las pesquisas que todavía deben realizarse.
El funcionario explicó que el objetivo de la prórroga es permitir que el órgano acusador pueda completar las investigaciones y procurar que todas las personas que hayan participado en los hechos sean llevadas ante los tribunales.
“Nosotros seguimos avanzando en las líneas de investigación de este caso en la magnitud y en la dimensión del caso”, afirmó Camacho.
Agregó que existen detalles de las investigaciones que no pueden hacerse públicos para evitar afectar su desarrollo. Sin embargo, adelantó que el Ministerio Público trabaja en tres estructuras que, según su investigación, afectaron a Senasa.
“En las tres dimensiones habrá otras imputaciones y habrá otras personas involucradas, pero eso sucederá cuando la investigación cumpla su ciclo”, sostuvo.
La declaración abre la posibilidad de que el expediente pueda ampliarse y que nuevas personas sean incorporadas al proceso. El dato resulta especialmente relevante porque indica que, para el Ministerio Público, el caso todavía está lejos de haber agotado todas sus líneas de investigación.
Tribunal mantiene medidas de coerción contra varios imputados
Durante la jornada también se conoció la situación de Ada Ledesma Ubiera, cuya defensa solicitó la variación de la medida de coerción. Camacho explicó que el tribunal mantuvo el arresto domiciliario y únicamente redujo el monto de la garantía económica, decisión que no fue objetada por el Ministerio Público.
El proceso penal también involucra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa y señalado por el órgano acusador como supuesto cabecilla del entramado investigado.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Hazim Albainy y otros imputados.
La medida de 18 meses de prisión preventiva, impuesta inicialmente en diciembre del año pasado, alcanza también a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Asimismo, el proceso se sigue contra Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentan distintas medidas de coerción, entre ellas arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
También figura como imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 30 de julio la prisión preventiva de 18 meses impuesta en mayo.
El caso mantiene bajo atención pública a las instituciones responsables de administrar y proteger los recursos destinados al sistema de salud público. La magnitud de las acusaciones hace que cada nueva etapa del proceso tenga un impacto que trasciende a los propios imputados.
Ministerio Público busca sanciones y recuperar recursos públicos
De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados habrían afectado a los afiliados de Senasa, la administradora de riesgos de salud pública, mediante un supuesto esquema que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos.
El órgano acusador busca obtener sanciones penales y el decomiso de los recursos que, según sostiene, fueron sustraídos del patrimonio público.
Entre los delitos atribuidos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La acusación sostiene que se habría establecido un esquema de corrupción sistemático desde la dirección ejecutiva de Senasa, con participación de funcionarios de la institución y personas vinculadas a la prestación de servicios de salud.
El Ministerio Público afirma que esa estructura habría operado en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados de Senasa.
Con la audiencia de prórroga fijada para septiembre, el expediente entra en otra etapa clave. El Ministerio Público tendrá que explicar ante el tribunal por qué necesita cuatro meses adicionales para completar sus pesquisas, mientras las defensas continuarán ejerciendo sus derechos dentro del proceso.
Más allá de las acusaciones y de las posiciones enfrentadas, el caso plantea una cuestión fundamental: si se comprueba judicialmente el desfalco de recursos públicos, no solo deberán establecerse responsabilidades individuales, sino también determinar cómo fue posible que un supuesto esquema de esa magnitud operara dentro de una institución esencial para millones de dominicanos.
Por: Noticonexion
