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Acuerdo con EE. UU.: los detalles que el Gobierno mantiene bajo reserva
La revelación de que los documentos relacionados con el acuerdo que permitió a aeronaves militares de Estados Unidos operar desde instalaciones dominicanas fueron declarados confidenciales ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate entre seguridad nacional, transparencia y soberanía. La decisión, adoptada apenas un día antes del anuncio oficial del presidente Luis Abinader, genera interrogantes sobre el verdadero alcance de la cooperación militar entre ambos países y el nivel de información que debe conocer la ciudadanía.
Cancillería blinda documentos sobre cooperación militar
Una solicitud de acceso a la información pública dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores buscaba obtener detalles sobre los permisos otorgados para el uso de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) por parte de aeronaves estadounidenses. Sin embargo, la institución rechazó entregar los documentos alegando que fueron clasificados como confidenciales mediante la resolución 008-2025.
La medida fue firmada el 26 de noviembre de 2025 por el canciller Roberto Álvarez, apenas un día antes de que el Gobierno anunciara públicamente el acuerdo junto al entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
La resolución establece que todos los informes, comunicaciones y documentos vinculados a las negociaciones de cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico quedan bajo estricta reserva. Incluso, cualquier funcionario de la propia Cancillería que desee acceder a esa documentación necesita autorización expresa del ministro.
Operación militar y presencia de aeronaves estadounidenses
De acuerdo con la información oficial, el acuerdo contemplaba la llegada de aviones cisterna KC-135, utilizados para patrullaje y reabastecimiento en vuelo, además de aeronaves de carga C-130 Hércules destinadas a evacuaciones médicas, combate de incendios y asistencia ante desastres naturales.
Las operaciones fueron integradas a la denominada “Operación Lanza del Sur”, presentada como una estrategia regional contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas en el Caribe.
Registros periodísticos reportaron posteriormente el aterrizaje de un gigantesco C-5 Super Galaxy en San Isidro y de un C-17 Globemaster III en el AILA, aparentemente para transportar suministros y equipos logísticos. Más adelante, al menos seis aviones KC-135 operaron desde una base temporal instalada en el aeropuerto capitalino.
La presencia de estas aeronaves de gran capacidad alimentó cuestionamientos en distintos sectores, especialmente porque gran parte de los términos del acuerdo permanecen fuera del escrutinio público.
El debate sobre soberanía y transparencia
El presidente Luis Abinader defendió la cooperación asegurando que no representa una cesión de soberanía, sino un fortalecimiento del sistema de defensa nacional mediante un “anillo de protección aérea y marítima” contra el crimen transnacional.
Según el mandatario, el convenio también permitiría a las fuerzas armadas dominicanas acceder a tecnología avanzada e información estratégica para mejorar las capacidades de vigilancia y respuesta.
No obstante, el hecho de que los documentos fueran clasificados justo antes del anuncio oficial ha provocado cuestionamientos sobre el nivel de transparencia del proceso. En una democracia, los acuerdos vinculados al uso de infraestructuras militares y civiles por fuerzas extranjeras suelen generar sensibilidad pública, especialmente cuando implican temas de defensa y seguridad nacional.
Fin de las operaciones y dudas que permanecen
El pasado 21 de marzo, el Comando Sur de los Estados Unidos informó a través de la red social X la conclusión de las operaciones multinacionales contra el tráfico ilícito en el Caribe y la salida de las aeronaves desplegadas en territorio dominicano.
La retirada ocurrió pocos días antes de que venciera el permiso otorgado por el Poder Ejecutivo, cerrando oficialmente una etapa de cooperación militar que, aunque presentada como parte de la lucha antinarcóticos, continúa rodeada de interrogantes sobre sus verdaderos alcances.
Más allá de la colaboración estratégica entre ambos gobiernos, el episodio deja abierta una discusión inevitable: hasta qué punto la seguridad nacional puede justificar el secreto institucional y cuánto debe conocer la población sobre acuerdos que involucran territorio, infraestructura y operaciones extranjeras en la República Dominicana.
Por: Noticonexion
