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La idea de una justicia robotizada o de dictar condenas mediante un “robot juez” ya no pertenece únicamente al mundo de la ciencia ficción. Sin embargo, su posible aplicación en los tribunales continúa generando un intenso debate jurídico, ético y tecnológico.
Precisamente, el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial y sus límites jurídicos fue uno de los temas abordados por el Tribunal Constitucional (TC) durante la apertura del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, dedicado en esta edición al “Debido proceso constitucional en materia penal”.
Durante la conferencia titulada “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, estimuló el diálogo sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, aunque también puso sobre la mesa los límites que, a su juicio, no deberían ser traspasados.
El doctor Greco sostuvo que, aunque el uso de algoritmos y modelos de inteligencia artificial generativa es técnicamente factible, resulta inaceptable desde el punto de vista ético y normativo cuando se pretende trasladar a una máquina la responsabilidad de juzgar.
Su argumento central apunta precisamente a la responsabilidad individual del juzgador. “Ejercer el poder de juzgar sin la responsabilidad individual del juzgador” constituye, según explicó, uno de los principales problemas de una eventual sustitución del juez humano por una máquina.
“A diferencia del ser humano, el robot no responde de lo que él decide, porque él, en el sentido estricto, no existe. El robot no rinde cuentas de su decisión y mucho menos de sus razones. No puede mirar a los ojos a quien se ve afectado por su ejercicio de poder”, aseguró.
En este punto aparece uno de los aspectos más relevantes de la discusión: la inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de información y generar respuestas en segundos, pero el debate jurídico no se limita a la capacidad técnica de una herramienta. También involucra responsabilidad, rendición de cuentas, derechos fundamentales y dignidad humana.
A juicio de Greco, la labor de tomar decisiones judiciales, emitir sentencias y ejercer otras funciones propias de los tribunales debe permanecer bajo supervisión humana, debido a los riesgos que puede implicar una delegación excesiva de estas facultades en sistemas automatizados.
“¿Cómo puede el robot decidir sobre la vida de alguien si literalmente no tiene ni idea de lo que es vivir? El juez robot significa poder de juzgar sin responsabilidad de jugador. La conexión entre poder y responsabilidad que impregna todo el derecho no puede romperse precisamente en el poder judicial”, manifestó.
El jurista también advirtió que una eventual delegación masiva de la redacción de sentencias en máquinas podría reducir la capacidad humana para revisar y controlar esas decisiones.
“El día en que se delegue a la máquina la redacción de sentencias judiciales, faltarán jueces que puedan leer y controlar esas decisiones. Se producirá un tsunami de decisiones que orillará los pequeños diques de supervisión humana”, sostuvo.
Tribunal Constitucional reúne a expertos para analizar los retos de la justicia penal
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, organizado por el Tribunal Constitucional, reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales especializados en derecho penal, procesal penal y constitucional.
Los participantes proceden de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana, en un encuentro que busca analizar los desafíos contemporáneos de la justicia y las garantías constitucionales.
La actividad se desarrolla del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo, con una agenda centrada en el debido proceso constitucional en materia penal.
Durante el inicio de la jornada, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier enfatizó que “defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución; significa defender la dignidad humana como valor supremo y, sobre todo, significa defender la idea misma de justicia”.
Al pronunciar el discurso inaugural, el presidente del Tribunal Constitucional señaló que abordar el debido proceso implica analizar las restricciones que una sociedad democrática impone al ejercicio del poder.
En ese contexto, citó al jurista italiano Luigi Ferrajoli, al recordar que “las garantías son, pues, los límites y las condiciones del correcto proceso”.
Estévez Lavandier resaltó que el artículo 69 de la Constitución dominicana consagra estas garantías fundamentales, que, lejos de constituir simples formalidades procesales, representan verdaderos límites constitucionales al ejercicio del poder.
El magistrado también hizo referencia a decisiones previas del pleno del Tribunal Constitucional para conceptualizar el debido proceso como un derecho fundamental y un principio jurídico-procesal que reconoce a toda persona determinadas garantías mínimas para procurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso.
Esto incluye la posibilidad de ser escuchada y de hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador, una dimensión que adquiere especial importancia cuando se analiza hasta dónde puede llegar la automatización de las decisiones judiciales.
Inteligencia artificial y justicia: la responsabilidad humana sigue en el centro
Durante el encuentro también se puso de relieve que la discusión sobre inteligencia artificial no puede separarse de los principios que sustentan el sistema judicial. La tecnología puede convertirse en una herramienta para agilizar procesos, organizar información y apoyar determinadas tareas, pero otra cuestión muy distinta es permitir que una máquina asuma la responsabilidad de decidir sobre los derechos y libertades de una persona.
El debate planteado por Greco muestra precisamente esa diferencia: una herramienta tecnológica puede asistir al juez, pero no necesariamente puede sustituir la responsabilidad jurídica y humana asociada a la función de juzgar.
Al ofrecer las palabras de motivación, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, resaltó la importancia de estos encuentros para dialogar sobre los retos que enfrenta el sistema judicial y afirmó que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y fortalecido las garantías del debido proceso.
La discusión resulta especialmente relevante en un momento en que la inteligencia artificial avanza rápidamente en distintos ámbitos profesionales. En el terreno judicial, sin embargo, la pregunta no parece limitarse a qué puede hacer técnicamente una máquina, sino a qué decisiones puede legítimamente delegar una sociedad democrática y quién debe responder por ellas.
Por ahora, el llamado “juez robot” continúa siendo una posibilidad tecnológica discutida en el ámbito académico y jurídico. El desafío consiste en determinar hasta dónde puede utilizarse la inteligencia artificial sin comprometer los principios que sostienen la justicia, particularmente cuando están en juego la libertad, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
Por: Noticonexion
